Opositores políticos y defensores de los derechos de los votantes cargaron este lunes contra el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras solicitar a la Corte Suprema su aval para imponer restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Este lunes la Administración pidió al máximo tribunal que autorice la implementación de una orden ejecutiva, pausada por una decisión judicial, que pretende imponer controles restrictivos a las personas que voten por correo en más de 20 estados.
“Llamemos a las cosas por su nombre: se trata de un ataque al derecho constitucional de los estadounidenses a votar”, dijo en un mensaje de X la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, que forma parte de la demanda contra la orden ejecutiva.
La demócrata aseguró que el voto por correo funciona y que en su estado las elecciones son seguras y accesibles: “Haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que sigan siéndolo”.
La orden ejecutiva dispone que el Servicio Postal solo distribuya las boletas para el voto por correo a los electores que aparezcan como elegibles en los registros elaborados por los estados con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Casi dos docenas de estados y el Distrito de Columbia demandaron a la Administración Trump poco después de que se emitiera la orden en abril pasado, argumentando que era inconstitucional y que su verdadero objetivo era la supresión del voto.
Trump decidió recurrir al Supremo tras un fallo de un tribunal federal de apelaciones que bloqueó partes clave de dicha orden.
Asimismo, el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego dijo en un mensaje de X que el mandatario se dio cuenta de que sus políticas le están haciendo perder votantes y, en lugar de intentar resolver los problemas que a ellos les importan, “intenta manipular las elecciones”.
El legislador destacó que alrededor del 80 % de los habitantes de Arizona votan por correo, un sistema que ha probado ser eficaz y seguro. Congresistas demócratas como la representante por Washington Suzan DelBene y Stephen Lynch, de Massachusetts, calificaron la orden de Trump como “inconstitucional”.
Por su parte, Beatriz López, vocera de Voto Latino, dijo que la implementación de la orden representaría un golpe para los electores hispanos. “Aquí no se trata de la integridad electoral. Se trata de poder. Cada vez que el electorado latino ha crecido lo suficiente como para no poder ser ignorado, hemos sido testigos de intentos por dificultar el voto de nuestra comunidad”.
Por: EFE