Un tribunal de La Habana tiene previsto juzgar este lunes a Sulmira Martínez, una influencer cubana por la que la fiscalía pide 10 años de cárcel por mantener contactos con disidentes en el exterior, pretender organizar una manifestación y publicar comentarios críticos con Gobierno.
En el escrito de la Fiscalía acusa a Martínez de 22 años de desacato y de un delito contra el orden constitucional, reseñó EFE.
La petición se firmó el 15 de abril, 15 meses después de su arresto. La joven pasó todo este tiempo en prisión provisional entre el centro de detención de la Seguridad del Estado de Villa Marista y la Prisión de Mujeres de Occidente.
Según el fiscal, Martínez inició entre finales de 2021 y principios de 2022 su actividad crítica en redes, que fue detectada por la Dirección de Análisis de la Información del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS).
La imputan por crear dos perfiles anónimos en la red social Facebook donde escribió frases como ‘Con la dictadura no se dialoga. Golpea, machácalos como ellos hacen contigo’, ‘Es hora de alzarnos en contra de quienes ponen a nuestros hijos a pasar hambre’ y ‘A la calle hasta el triunfo. Patria y vida’.
También, que se refirió de forma despectiva en tres ocasiones al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, según registra la Fiscalía.
Además, prosigue el escrito, la acusada creó en la aplicación de mensajería WhatsApp un grupo en el que abogó por planificar “otro 11 de julio”, en referencia a las mayores protestas antigubernamentales registradas en la isla ese día de 2021, pero esto no se concretó de ninguna forma.
Cuba procesó a varias personas por su actividad en redes sociales, según denunció diversas ONG, que critican que en la isla no se garantice la libertad de expresión, pese a que aparece recogido en la Constitución de 2019.
Escalada de represión en Cuba
En junio, la ONG Prisoners Defenders denunció una escalada de la represión en Cuba que provocó 19 nuevos arrestos en las últimas semanas. El total de presos políticos en la isla ascendió a 1.113.
Karen Herrera, directora jurídica de la ONG, indicó a Infobae que “11 fueron detenidos arbitrariamente y en violación de todo debido proceso por participar el 28 de mayo en las manifestaciones de la población de Juraguá en Cienfuegos, que surgieron tras llevar más de 14 horas sin servicio eléctrico en uno de los recurrentes apagones y nada menos que 27 días con desabastecimiento de agua”.
“Seguimos estudiando otros casos. De los 1.113 prisioneros políticos, siguen estando en la lista 30 jóvenes que fueron detenidos y encarcelados cuando eran menores: 27 de ellos aún cumplen sentencia y tres siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. Además, 117 mujeres, incluyendo menores y dos de género trans, siguen actualmente en prisión política o condenadas en limitación de libertad domiciliar y fuertemente amenazadas. Todas las mujeres trans en prisión de conciencia, al igual que las que lo están por delitos comunes, han estado y están encarceladas entre hombres con todo lo que eso conlleva”, dijo Herrera.
Luego enfatizó que, de los 1.113 presos políticos, la organización identificó “305 con patologías médicas graves, sin tratamiento médico adecuado y comprobado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención. Maltrato, abusos y tortura que hemos documentado y se intensifica con el colectivo más vulnerable en prisión. Aquellos con padecimientos psiquiátricos y discapacidades mentales y emocionales encarcelados en prisiones ordinarias donde son vejados, humillados y golpeados por los funcionarios a su cargo”.
Por Agencia