“Un pueblo hambriento no atiende razones, ni se pacifica con la justicia, ni se doblega ante ninguna súplica”, Lucio Anneo Séneca.
Dónde queda eso dice el estribillo gaitero del grupo cabimero Barrio Obrero, pero de verdad que eso no queda en Venezuela y menos en el Zulia, donde la independencia o soberanía alimentaria que nos ha hablado la propaganda del gobierno durante más de 20 años sólo ha existido en la fantasía mental revolucionaria porque ni “Hecho en Socialismo” son buena parte de los productos Clap, —traídos de México, Guyana, Argentina, Turquía, Ecuador, Colombia o Brasil— que no han reducido los dígitos estadísticos del hambre y la desnutrición que hoy padecen los venezolanos que ha dado pie para que la Organización de Naciones Unidas, ONU, nos lance un salvavidas para mitigar las necesidades alimentarias a través del inicio del Programa Mundial de Alimentos que tiene la meta de atender a 1.5 millones de niños escolarizados.
Desvergüenza o pena ajena debería darle a los próceres de la Revolución Bonita que prometieron una cosa, pero hicieron todo lo contrario a lo largo de este tiempo para haber hecho de Venezuela una nación autosuficiente en producción de alimentos y no aparecer hoy en el club de amigos parias que pisa la franja de la hambruna masiva a diferencia de otros países menos privilegiados de riquezas que el nuestro.
La farsa, la mentira y los embustes de la independencia alimentaria contrastan con la realidad cruda en cuanto a que el 97,7 por ciento de los hogares venezolanos, según un estudio del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, enfrentan dificultad para poder satisfacer los niveles de consumo de alimentos, porque “su alto costo les impide acceder a la canasta básica, la cual igualmente se ve encarecida por fallas en los servicios públicos básicos. El 50 por ciento de la muestra encuestada declara prescindir del servicio de transporte público para poder adquirir los alimentos necesarios para sobrevivir, mientras que 44 por ciento admite que trabaja a cambio de alimentación.
El mismo estudio constata que actualmente la alimentación del venezolano es muy poco variada y de reducida calidad nutricional al admitir que 70 por ciento de los hogares no ingieren carne de ningún tipo y sobreabunda en ellos la ingesta de carbohidratos”.
Hoy la desaparición de la gasolina, gas-oil, créditos bancarios, insumos agrícolas o seguridad personal y jurídica hay que sumarlos a los males que conspiran contra una sana producción alimentaria en una situación país nada normal donde un ejército de hombres y mujeres a pesar de estas dificultades sigue apostando a surtir de productos agropecuarios la despensa de los hogares venezolanos, teniendo que sortear, resolver, cada amanecer de los 365 días del almanaque conseguir el combustible para sus vehículos y maquinarias o armarse de paciencia para atender las colaboraciones casi que obligadas en cada alcabala “pa’los frescos”, entregar un queso o la cesta de verduras que deben dejar en cada alcabala al mejor estilo de “bajarse de la mula” si la intención es llegar a los centros de consumo en Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo o cualquier otra ciudad. Sin embargo, los problemas en la caída de la producción alimenticia en Venezuela no es cosa de pocos años, sino que nació y creció con la retrógrada política revolucionaria de ocupación y expropiacion de tierras y unidades agropecuarias en plena producción en Guárico, Cojedes, Barinas, Lara, Apure, Portuguesa y Zulia.
Claro, al principio los venezolanos esa escasez no la veíamos, porque la Revolución tenía popularidad y mucho billete para importar productos en desmedro de los productores nacionales. Eso pasó y después de derramado el vaso de agua ¿quién recogía el líquido?. Lo cierto es que algunas de esas regiones conformaban lo que llegó a conocerse como estados graneros, pero hoy sus productores sobreviven en medio de dificultades para no detener su contribución de alimentar a un país golpeado, maltratado, estancado y quebrado.
Quien no recuerda al ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, cual “Rambo” tropical con pistola al cinto ocupando y confiscando miles de hectáreas en nombre de una guerra contra el latifundio. Lejos de desbordar las reservas de alimentos para «el pueblo» esa iniciativa la pagamos hoy bien cara con escasez, altos precios y hambre. En cadena nacional de radio y televisión quién no vio al expresidente Hugo Chávez Frías decretar la desaparición de la producción agrícola, lechera y carnica entre 2005 y 2011 cuando el ministro Loyo y otros funcionarios dando lecciones de “así, así, así es que se gobierna” ejecutaban las órdenes de expropiación en importantes hatos como La Marqueseña, La Vergareña, El Charcote, El Frío y El Cedral. Así como los fundos Paraima, Guanmontey, Gabinero, Palo Quemado, La Chácara y El Rodeo que pasaron a manos de Estado.
Muchos, miles y eufóricos militantes y simpatizantes de la Revolución Bonita aplaudían esas acciones que hoy más de uno debe estar lamentándolo, porque igual la escasez y altos costos de la “papa diaria” no distingue estómagos cuando el hambre apremia en la actual Venezuela. Esta verdad nos trae a la mente la leyenda urbana construida por algunos “revolucionarios” cuando acusaban que en la IV República muchos venezolanos comían perrarina, pero ahora la diferencia es que ese alimento de origen animal cualquiera no lo puede comprar por su alto costo y más bien lo que sí vemos ahora en cualquier ciudad es a ancianos, jóvenes y hasta niños escarbando entre la basura para alimentarse. Eso es triste. Es la verdad aun cuando voceros oficiales lo nieguen a pesar de las evidencias mostradas en las redes sociales.
Según tres principales organizaciones gremiales del agro venezolano, Fedeagro, Fedenaga y Confagan la intervención, rescate y expropiación de tierras llevadas a cabo por el Gobierno venezolano «le ha causado un terrible daño a la producción nacional», amén de que «es una política errada, nefasta y fracasada». Además «resquebrajó todo el tejido económico venezolano» y «no ha dado los resultados que se esperaban».
El Gobierno alegó que se trataba de tierras ociosas, subutilizadas o de vocación agrícola que estaban siendo destinadas a desarrollos inmobiliarios, además de que había gran cantidad de tierras públicas en manos privadas. El presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, afirma que la oleada de intervenciones de tierras le causó un terrible daño a la producción nacional por la desconfianza que generó al irrespetarse la propiedad privada de los predios rurales y por la expropiación de fincas productivas. «Es mentira que eran fincas no productivas». Por eso entre cielo y tierra no hay nada oculto y el tiempo le ha dado la razón a quienes advirtieron ese error de la Revolución Bonita.
Hopkins está seguro que el país está recogiendo hoy lo que se sembró. “Por ejemplo», sostiene, «la producción de carne escasamente abastece entre 30 por ciento y 35 por ciento del consumo nacional, debido a que esas tierras no producen y es una de las causas de la caída de la producción de alimentos desde 2007».
Pone de relieve la caída en el consumo de alimentos. En la actualidad la población venezolana, en general, está consumiendo el 61 por ciento de lo que consumía en 1999, lo que significa que el consumo ha caído cerca del 40 por ciento desde entonces hasta ahora.
«Por añadidura, lo que se ha visto más afectado es el consumo de proteínas que ha disminuido hasta 43 por ciento de lo que se consumía ese año». «Deberíamos estar ingiriendo unos 18 kilogramos de carne per cápita anual —sólo quienes pueden adquirir carne bovina, cerdo, aves—pero estamos consumiendo sólo 5,9 kilogramos. Esto es la tercera parte de las proteínas que necesita el cuerpo humano». En resumen los millones de hectáreas productivas expropiadas es el saldo de la «guerra contra el latifundio» que inició el presidente fallecido Hugo Chávez Frías en 2005 y continuó su sucesor Nicolás Maduro.
Claro en su nada halagador diagnóstico de la producción alimenticia, Hopkins afirma que «ahora esas tierras solo producen lástima».
Sostiene que la política expropiatoria es una de las responsables de la caída de la producción de todos los rubros que el gremio ha registrado desde 2007. «El resultado de esa guerra contra el latifundio es un fraude». “Esas tierras se las entregaron a campesinos sin ningún tipo de ayuda como financiamiento, capacitación, asistencia técnica e insumos. Ahora no producen nada».
Por su parte, José Agustín Campos, presidente de Confagan, —asomando en su apreciación el beneficio de la duda— ha afirmado que el presidente Hugo Chávez Frías pensaba en cómo darle mejor uso a la tierra para obtener mayor productividad, beneficios y la sustitución de importaciones con producción agrícola y agroindustrial venezolana. «Por eso se realizaron intervenciones y expropiaciones de tierras. En particular entre los años 2005 y 2012, pero lo cierto es que hemos llegado a la conclusión de que la tierra no ha dado los rendimientos que se esperaban».
Explica que en Venezuela se mantenía un amplio sistema de latifundios. Pero hoy esas expropiaciones no se les dieron los niveles adecuados de planificación agronómica y agroproductiva, ni supervisión y contraloría desde el punto de vista técnico, ni de acompañamiento, factores necesarios para que esos latifundios se convirtieran en tierras útiles para la producción agrícola y ganadera».
Campos ha admitido con «mucho dolor que la política masiva de expropiación no arrojó los resultados deseados y hoy es la causante del desabastecimiento de alimentos de primera necesidad».
Este dirigente ha hecho hincapié en la desaparición total de insumos agropecuarios, —recordemos Agropatria— como sales minerales, alimentos concentrados, medicinas veterinarias, alambre de púas, pero cuando aparecen lo hacen a precios inaccesibles.
Según su parecer es al Estado venezolano «al que le corresponde rectificar, es decir, que debe efectuar un análisis contundente, real, agronómico, económico, social y del entorno. Una política de rectificación que pasa por comprender que la única forma de salir de la actual emergencia económica es a través de una verdadera producción nacional. Debe hacerse un esfuerzo conjunto entre sector privado y sector público, porque separados y por sí solos no pueden lograr el desarrollo que requiere la agricultura venezolana».
Por: José Aranguibel Carrasco