Mientras cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción, la expresidenta argentina Cristina Fernández y su hijo afrontan desde este viernes un juicio en el que están acusados de utilizar sus negocios hoteleros e inmobiliarios para quedarse con fondos públicos.
El tribunal federal que encabeza el proceso busca determinar si los fondos otorgados a empresarios durante los mandatos de Fernández (2007-2015) y de su fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007) retornaron al patrimonio familiar mediante el alquiler de habitaciones de hoteles que no fueron ocupadas y maniobras realizadas con otros inmuebles del matrimonio en la provincia de Santa Cruz y en la capital argentina, indica la nota de AP.
La fiscalía acusa a Fernández —actual líder del peronismo opositor — de haber sido jefa de una asociación ilícita. A su hijo, el diputado peronista Máximo Kirchner, lo acusa de haber sido el organizador de esa estructura delictiva. Como partícipes fueron señalados exfuncionarios y empresarios. Sobre los acusados también pesa la imputación de lavado de dinero.
La máxima condena por esos delitos es de 10 años de prisión.
La casi veintena de procesados presenció el inicio del debate de forma virtual. Fernández, de 73 años, lo hizo desde el apartamento donde cumple desde 2025 una condena de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la concesión irregular de obras viales al empresario Lázaro Báez, quien está entre los acusados en el juicio actual.
La exmandataria niega las imputaciones y sostiene que es víctima de una persecución de sectores políticos confabulados con la justicia para desterrarla de la arena política. La dirigente afronta además otras investigaciones por distintos delitos.
En el primer día del debate oral la Fiscalía expuso las imputaciones. Hizo alusión a “la existencia de una asociación ilícita de carácter estable y permanente” liderada por los dos expresidentes, varios exfuncionarios y otras personas de su confianza “montada en base a una división de roles definidos… dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse de millonarios fondos públicos”.
En el marco de esa asociación ilícita, las firmas Hotesur y Los Sauces, pertenecientes a los Kirchner, habrían sido parte de un único circuito de lavado de dinero para canalizar los fondos de origen ilícito a su patrimonio.
Por. Agencia