La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este viernes al expresidente filipino Rodrigo Duterte a ausentarse de las audiencias de confirmación de cargos la próxima semana, en las que se decidirá si hay suficientes pruebas para enviarle a juicio por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante su “guerra contra las drogas” en Filipinas.
En una decisión adoptada hoy, una Sala de Cuestiones Preliminares aprobó la solicitud presentada el pasado miércoles, en la que el exmandatario les comunicaba su decisión de renunciar a su derecho a estar presente en esas vistas y les pedía autorización para ausentarse de las audiencias que se celebrarán a partir del lunes, reseñó EFE.
Los jueces consideraron que Duterte cumple los requisitos que permiten celebrar la audiencia sin el acusado cuando este haya renunciado expresamente a su derecho a comparecer.
La Fiscalía y los representantes legales de las víctimas se habían opuesto a esa solicitud de la Defensa, al considerar que no existía causa razonable para que Duterte no compareciera personalmente ante el tribunal.
Sin embargo, la Sala consideró que la solicitud escrita, firmada por el propio Duterte, es suficiente para demostrar que comprende tanto su derecho a estar presente como las consecuencias de renunciar a él, lo que, según consta en el documento, le fueron “explicados exhaustivamente” por su abogado.
La decisión se aplicará a todas las sesiones de la audiencia de confirmación de cargos, pero los jueces precisaron que, si Duterte desea también renunciar a su derecho a asistir a la audiencia anual sobre su detención, convocada para el 27 de febrero, deberá presentar una solicitud independiente y limitada unicamente a ese trámite.
La audiencia de confirmación de cargos, que iba a celebrarse en septiembre pasado, pero se aplazó por objeciones de la Defensa, supone una fase clave del procedimiento, ya que tiene como objetivo determinar si existen pruebas suficientes para enviar el caso a juicio.
En la declaración personal incluida en la solicitud, Duterte también rechazó las acusaciones de haber supervisado una política de «ejecuciones extrajudiciales» durante su «guerra contra las drogas» en Filipinas, lo que tacha de “mentira escandalosa” promovida por sus adversarios políticos y basada, afirma, en testimonios ya «desacreditados».
También sostuvo que, en marzo del año pasado, fue “introducido por la fuerza en un avión (en Manila) y trasladado a La Haya, en Países Bajos, en flagrante contravención de la Constitución» filipina y en un operativo que, según denuncia, fue facilitado por la oficina del actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, “con un avión fletado especialmente para este propósito”.
Duterte también reiteró que “no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre su persona”, ni su competencia sobre este caso.
Está acusado de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto durante su etapa como alcalde de Davao como durante su presidencia de Filipinas.
Por Agencia