Las empresas deberán pagar hasta el 15 % de su nómina integral (salarios más bonos) mensual como contribución al sistema de pensiones, de acuerdo con el proyecto de Ley Especial de Protección de Pensiones.
Según lo que ha trascendido del proyecto, en ningún caso la base de cálculo del ingreso por trabajador debe ser inferior al salario integral indexado de 130 dólares mensuales.
Además, la contribución será pagada por cualquier empresa que tenga actividad económica en Venezuela, independientemente de si su domicilio fiscal se encuentra o no en el país.
Por otra parte, en el proyecto de Ley se delega en el Presidente o Presidenta de la República la atribución de ajustar anualmente el porcentaje de contribución, el cual puede ser discriminado por tipo o clase de actividad económica.
La definición de la contribución establece como máximo un 15 % de la nómina integral, lo que sugiere que queda un margen de acuerdo para que los empresarios puedan negociar con las autoridades una tasa más manejable, si fuera el caso.
Además, el artículo 8 del proyecto prevé que el presidente de la República podrá exonerar a empresas de esta contribución, mediante decreto, si forman parte de «determinadas categorías de sujetos pasivos especiales y sectores estratégicos para la inversión extranjera y el desarrollo nacional. El decreto que declare la exoneración deberá regular los términos y condiciones de la misma».
Igualmente queda claro que el pago de la contribución será mensual, deducible «del gasto para el cálculo del Impuesto sobre la Renta» y, además, será «distinta e independiente» de los pagos regulares al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
«Con la mano en el corazón»
Antes de presentar la Ley ante el parlamento, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y otros miembros del gabinete económico se reunieron con los gremios empresariales, encabezados por Fedecámaras, para presentarles el proyecto de Ley.
Como parte del debate se acordó que la base de cálculo fuese el costo de la nómina de las empresas. Los empresarios esperan ser convocados al proceso de consulta para proponer nuevos ajustes.
La vicepresidenta Rodríguez dijo en la Asamblea Nacional que el Estado carga con 99 % del costo de la seguridad social, cuya eficiencia ha sido severamente mermada por la crisis económica agravada por las sanciones impuestas a la industria petrolera por Estados Unidos.
«Yo quiero dirigir un mensaje muy personal a los empresarios y a las empresarias de Venezuela; pónganse la mano en el corazón y digan si no vale la pena recrear una sonrisa en sus padres y en sus abuelos porque podamos mejorar su situación que ha sido impactada y vulnerada por el bloqueo criminal», indicó la funcionaria durante su discurso en el parlamento.
De acuerdo con los datos oficiales, en Venezuela hay 5.500.000 pensionados y jubilados, un número que abarca a 100 % de la población de la tercera edad en el país.
Los aspectos críticos de la contribución
Durante el debate parlamentario, el diputado Luis Eduardo Martínez, del ala reconocida oficialmente de Acción Democrática, señaló que en Venezuela las empresas y trabajadores pagan una contribución al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Además, planteó que 100 % de los recursos recuperados como parte de la investigación de la trama de corrupción conocida como «PDVSA-Cripto» sean destinados a este fondo de pensiones que se nutrirá con la contribución especial de las empresas.
Por su parte, el economista José Guerra, director y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), indicó que esta contribución se trata claramente de un impuesto a la nómina de las empresas y «como todo impuesto se trasladará a los precios«.
Para Guerra, además, la tasa de la contribución es excesivamente elevada y, según pudo conocer Banca y Negocios, es un aspecto crítico para los gremios empresariales, aunque, indican las fuentes consultadas, no parece ser un asunto sujeto a debate.
El economista José Guerra señala que tampoco hay garantía de transparencia sobre la administración de estos recursos, porque la misma existencia de este proyecto de ley revela, en su opinión, que el Instituto de los Seguros Sociales «está quebrado».
Otro aspecto que llama la atención es el ajuste de la nómina a una base equivalente al ingreso mínimo indexado, lo cual podría afectar a las empresas más pequeñas, porque la contribución no sería calculada sobre el costo de nómina real.
La consultora PwC Venezuela estima que la presión fiscal a la que son sometidas las empresas en Venezuela ya es excesivamente elevada, equivalente a 63 % de los ingresos, lo cual ubica al país como uno de los mayores «infiernos fiscales» a escala internacional.
Sin embargo, el discurso del Gobierno es claro: «el crecimiento es para distribuir entre todos y para todos, pero principalmente para lo más vulnerables, que fueron los más atacados por las sanciones criminales que pidieron los apellidos y el candidato de los gringos», indicó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, durante la primera discusión de esta Ley.
Por: Agencia