El abogado y profesor de derecho constitucional y administrativo de la UCAB, Rosnell Carrasco, aseguró que por la Ley contra la Corrupción se puede juzgar a cualquier persona que maneje fondos públicos.
Explicó que las penas, dependiendo del grado del delito, pueden ir desde ocho años hasta 30, siendo esta la condena máxima en Venezuela.
Carrasco indicó que estos delitos suelen no tener beneficios procesales y que no prescriben por la Ley contra la Corrupción.
“La policía anticorrupción es un cuerpo del SEBIN. Es una policía de carácter científico y un órgano auxiliar en el proceso de investigación penal, el proceso depende del Ministerio Público”, añadió.
Recordó que la Contraloría General de la República se encarga de hacer el control de los bienes públicos, detalla Mundo UR.
El abogado destacó que en el caso de la detención de Hugbel Roa, diputado trujillano, la inmunidad parlamentaria opera en la medida en que ejercen su función parlamentaria lo que les permite investigar y hacer las denuncias correspondientes.
“Hay varias maneras para que los procesos penales inicien por denuncia, el Ministerio Público puede actuar por oficio o flagrancia. Los delitos que tienen que ver con el patrimonio público es muy difícil agarrarlo en flagrancia porque se amparan bajo ciertas prerrogativas”, acotó.
Por: Agencias / Foto: Cortesía