Laura estaba en una clínica de Trinidad y Tobago. Con apenas 7 meses de embarazo fue forzada a una cesárea. Con un matrimonio europeo radicado en la isla había acordado que el niño de la joven venezolana sería su hijo en adopción. Unos 2.500 dólares recibiría la madre.
La mujer se había quedado sin pareja y la difícil situación del país le hacían pensar que no era buena idea traer un nuevo hijo, por lo que un médico en Caracas le indicó que existía la posibilidad de dar el niño en adopción, “que todo estaría bien” y sería seguro.
Laura, nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de la madre fue contactada por los “encargados” de este tipo de “negocios”, entre los que asegura hay ciudadanos de nacionalidad colombiana.
Le plantearon que primero iría a conocer a la familia en Trinidad para decidir si quería dar el niño. El viaje se dio desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, pero al estar en la isla que mantiene una estrecha relación con el gobierno de Venezuela fue encerrada en una casa, ahí comenzó el calvario. Sin saber inglés las cosas se complicaron.
Este 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas. En Venezuela no hay cifras oficiales y unas pocas ONG llevan precarios registros. Sin embargo, los casos como los de Laura, son constantes en las fronteras del país, pero en especial las marítimas. Desde el estado Sucre, al norte, embarcaciones clandestinas zarpan con veintenas de migrantes, la mayoría mujeres.
Al menos 14 personas perdieron la vida intentando llegar desde Venezuela a Trinidad y Tobago.
“Venezuela ha suscrito distintos pactos internacionales en los que debería cooperar y colaborar en cuanto a la prevención y la judicialización de casos de trata y explotación. Vemos como los últimos informes emitidos por la Oficina del Alto Comisionado para para las Naciones Unidas y también la anterior Michelle Bachelet se le han hecho distintas peticiones a Venezuela a que ponga el ojo en en materia de prevención, pero también en materia de judicialización”, dice Gabriela Boada, coordinadora de la ong Caleidoscopio Humano.
Precisamente estos pactos y acuerdos no funcionaron. Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares al hijo de Laura, que para 2019 tenía 15 meses de edad, de los cuales 12 había permanecido en una casa de albergue debido a todas las disputas legales que emprendió la madre en la isla, la cual ha prestado poco apoyo al caso.
“Trinidad es un puente para el tráfico humano, se pierde mucha gente diario. Le quitan los niños a las madres y si es venezolana mejor”, dijo Laura a este diario.
En 2021 Venezuela creó un consejo presidencial para combatir este delito que tiene múltiples formas. Sin embargo las Naciones Unidas criticó las pocas diligencias en la publicación de planes que ayuden a combatir el flagelo.
Caleidoscopio documentó desde 2018 solo cuatro casos de trata y esto porque no hay denuncias formales, el temor de los familiares es grande y no hay cooperación con el Estado. La ong también se preocupa porque muchas de las víctimas son mujeres trans que son captadas y luego comercializadas.
En el caso de Laura, la organización Defiende Venezuela, asumió el caso y emprendió una batalla que resultó en la decisión de la Cidh. Esto permitió que Laura pudiera visitar a su hijo en la casa de protección, pero sin apoyo de autoridades venezolanas ni de Trinidad.
Aún ella está a la espera de que el menor pueda salir del hogar temporal y hacer una vida normal con su madre, quien tuvo que lidiar con todas las trabas y acusaciones además de amenazas de muerte.
Hoy Laura no está del todo a salvo, sigue enfrentándose al sistema de Trinidad, tal como ella lo comentó y prefiere no dar muchos detalles de la situación para lograr de una vez por todas, reunificarse con su hijo.
Por Agencia