La Corte Conjunta de Aruba, Curazao, Sint Maarten, Bonaire, San Eustaquio y Saba, actuando como juzgado de apelaciones, ratificó parcialmente una condena emitida en primera instancia contra el exministro de Asuntos Sociales, Política Juvenil y Trabajo de Aruba, Pauldrick François Teodoric Croes.
El antiguo funcionario, conocido popularmente como Paul Croes, fue arrestado el 21 de agosto de 2017 y, de acuerdo con los registros del caso, era la figura central de una vasta investigación sobre la corrupción administrativa en este territorio del Caribe Neerlandés, denominada Ibis, reseña una nota del portal Crónicas del Caribe.
Entre los delitos imputados a Croes figura la contratación de una inmigrante ilegal venezolana, para que hiciera trabajos domésticos en su propia residencia.
“El hecho de que el sospechoso, como ministro de Asuntos Sociales, Juventud y Trabajo, hiciera un esfuerzo por traer a una joven de Venezuela a Aruba para que trabajara ilegalmente como niñera de su familia, demuestra que no tiene idea de qué normas y responsabilidades van acompañadas del ministerio que se le ha encomendado”, indicó la sentencia emitida el martes 12 de octubre.
Pero este fue apenas uno de una larga lista de ilícitos detectados durante la pesquisa, por la que fueron imputadas otras veinte personas, la mayoría de las cuales fueron sentenciadas a penas leves de trabajo comunitario.
Malversación de fondos
En el caso de Croes, una de las prácticas detectadas era el otorgamiento de licencias a empresas allegadas, para que estas emplearan a extranjeros en situación irregular. Esto, a cambio de contraprestaciones, ya fuese en efectivo o mediante la entrega de bienes.
Croes además fue encontrado culpable por malversación. Según los registros del juicio, promovía que su gobierno transfiriera fondos a las cuentas de una organización civil que él manejaba tras bastidores, la Leadership & Excellence Foundation. En total, sostuvo la Fiscalía, fueron 55 mil florines, unos 30.500 dólares al cambio actual. Este dinero habría nutrido las arcas de su campaña política. El exministro es un dirigente del Partido del Pueblo de la isla (AVP).
Un episodio referido por el juzgado fue la organización de un concierto navideño, que fue utilizada como pretexto para la obtención de donaciones por parte de allegados a Croes y la tolda política de la que él también fue parlamentario.
Los defensores del exministro alegaron que no existe una legislación que establezca penas para las presuntas irregularidades en el financiamiento de las organizaciones políticas. Según la corte, esa objeción es “francamente cínica”.
“Consciente de la falta de (legislación), ha cosechado generosamente los beneficios criminales. Además, el acusado ilustra así claramente que todavía carece de conocimiento del carácter reprensible de sus acciones”, indica la sentencia.
Aunque Croes fue puesto bajo custodia en 2017, afrontó este proceso en libertad hasta julio de este año.
No todo fue adverso para el exministro, de 47 años de edad. En la sentencia, la corte conjunta rebajó la pena impuesta en primera instancia, de cinco años a tres años de prisión. También lo inhabilitó para ejercer cargos electivos durante ocho años.
Al abandonar la sesión tribunalicia, Croes afirmó que continuará en la lucha política. “Nosotros somos soldados, no estamos muertos”, expresó.
Por Agencia