Un tribunal australiano condenó a una madre a tres años de cárcel por presionar a su hija a casarse contra su voluntad, en la primera sentencia de este tipo en Australia desde que en 2013 entró en vigor la ley sobre matrimonios forzados.
«El delito es intrínsecamente grave. Privar a una persona de la libre elección sobre los pasos de su vida -grandes o pequeños- es una afrenta a los derechos de un adulto a tomar sus propias decisiones sobre su propia vida», dijo la jueza Fran Dalziel, del Tribunal Rural del estado australiano de Victoria, en su fallo publicado hoy, reseñó EFE.
La acusada, Sakina Muhammad Jan, una viuda afgana de unos 48 años con residencia permanente en Australia, defendió su inocencia tras recibir hoy su pena de cárcel por forzar el matrimonio de su hija Ruqia Haidari, de 20 años, con Mohammad Ali Halimi, de 26 años, a finales de 2019.
Unos meses después de celebrarse este matrimonio islámico ‘nikah’, Halimi mató en enero de 2020 a la joven con un cuchillo de cocina, un delito por el que fue sentenciado el año siguiente a la cadena perpetua, aunque podrá pedir la libertad condicional tras pasar 19 años en prisión.
La juez, que no implicó a Jan en el asesinato de Halimi, recordó hoy en su fallo que, según los acuerdos nupciales, la joven iba a mudarse desde la localidad rural de Shepperton, en Victoria, a la ciudad de Perth, capital del estado de Australia Occidental.
Dalziel también remarcó que los acuerdos nupciales, que incluyeron una dote de 14.000 dólares australianos (9.170 dólares estadounidenses o 8.448 euros), estipulaba la «sorprendente» condición de que se le reconozca a la joven el derecho a estudiar y trabajar.
La magistrada también subrayó que el asesinato de la joven -quien estaba estigmatizada en su comunidad porque se había divorciado de un matrimonio que contrajo a los quince años- se produjo por «un arrebato de ira».
Si bien la magistrada sopesó que la motivación de Jan respondía al «mejor interés» de su hija, «a la luz de su cultura y las prácticas habituales de su comunidad», también la puso en el «intolerable» dilema entre casarse o quedarse sin casa.
La viuda de la comunidad Hazara podrá salir de prisión en unos doce meses, aunque afronta la posibilidad de perder su estatus de refugiada y ser deportada a su país por tener registros penales, según la cadena pública australiana ABC.
Las leyes australianas imponen desde 2013 una pena máxima de siete años de cárcel por forzar matrimonios, incluso de aquellos que se han celebrado en ceremonias religiosas o culturales dentro del territorio del país oceánico o en el extranjero, por considerarlo como una forma de esclavitud moderna.
Por Agencia.