Una investigación por drogas llevó hasta la vivienda donde se alojaban las personas en situación irregular
La justicia de Aruba condenó a un hombre de origen chino por alquilar apartamentos para el alojamiento de inmigrantes irregulares venezolanos, reseñó EFE.
El juez Mario Leomar Angela, en representación de la corte conjunta que opera en el Caribe Neerlandés, impuso una multa de dos mil florines (1.111 dólares al cambio actual), o 40 días de arresto al hombre que administraba dos inmuebles donde se alojaban en total 13 personas que no habían regularizado su situación migratoria en ese país.
Las redadas se llevaron a cabo en julio de 2020, cuando estaba la cuarentena por el COVID-19. Según los registros de este expediente, los allanamientos a ambos inmuebles se llevaron a cabo en el curso de una pesquisa por presuntas violaciones a los reglamentos de Armas de Fuego y Estupefacientes.
Durante las revisiones no se documentó la presencia de armas o drogas. En cambio, fueron encontrados los venezolanos. Algunos de estos casos fueron desechados, puesto que se trataba de personas que ingresaron de forma legal a la isla, y que fueron sorprendidas por el súbito cierre de las fronteras en virtud de la pandemia.
Otros, en cambio, permanecían en Aruba desde 2019. Sus relatos, consignados en el expediente de este caso, permiten conocer las condiciones en las que se lleva a cabo el tráfico de seres humanos entre Venezuela y la isla caribeña, en el contexto de la emergencia humanitaria.
Sin derechos
“Llegué a Aruba desde Venezuela en un barco pesquero. Eso fue a finales de febrero de este año (2020). Pagué 300 dólares por el cruce. Vine a Aruba por la mala situación de Venezuela”, explicó uno de los venezolanos interrogados.
Este hombre, como la mayoría de los residentes de ambos inmuebles, obtenía el sustento en trabajos de albañilería.
Los inmigrantes eran presentados al ciudadano chino administrador de los inmuebles por otros venezolanos que habían pasado por la misma situación. Uno de los espacios era un anexo de vivienda. Allí residían doce inmigrantes, que solo tenían derecho a colocar un colchón en el suelo. Esto les costaba 150 florines mensuales ($83).
La Guardia Costera del Caribe informa regularmente sobre la detención de lanchas con migrantes
El otro anexo fue rentado a una pareja, que debía cancelar 600 florines por uso del espacio, más 400 florines por agua y electricidad. En total eran 555 dólares mensuales.
Todos los pagos se hacían en florines en efectivo, al final de cada mes, cuando el administrador tocaba a sus puertas. No les daba a cambio un recibo formal. Solo un papel garabateado de su puño y letra, donde dejaba constancia de las cantidades que había recibido de cada inquilino.
“No hubo más acuerdos con (el administrador) sobre nuestra estancia. Lo único que le importaba era que pagáramos el alquiler. Una vez dijo que, si traíamos más personas a vivir en el apartamento, el alquiler subiría”, dijo uno de los residentes.
Dinero extra
En el expediente se indica que las autoridades estuvieron tentadas a plantear una acusación por tráfico de personas. Pero fue descartado cuando se tomó en consideración lo declarado por el propio administrador de los inmuebles.
Dijo que había alquilado los apartamentos sin contar con la autorización del propietario formal.
“Yo mismo renové esos apartamentos y los alquilé a terceros sin el conocimiento del propietario. Sólo quería ganar algo de dinero extra”, alegó.
Su nombre fue omitido en las actas, debido a estrictas normas de “anonimización” de los involucrados, aplicadas en el Caribe Neerlandés.
“No guardé ningún registro. No pagué impuestos sobre las ganancias de los apartamentos. Simplemente hice una hoja de papel escrita a mano con las cantidades pagadas y se la entregué a los inquilinos”, confesó.
Los venezolanos que estaban en situación migratoria irregular por este caso fueron remitidos al retén de Guarda nos Costa, junto a otras personas aprehendidas en la misma situación. Según recuentos periodísticos del momento, casi todos provenían de Falcón. El hacinamiento en este centro de reclusión ocasionó quejas de organizaciones de protección de derechos humanos.
Por Agencia