La Corte Suprema de Justicia le pidió a las autoridades judiciales de Venezuela que suministren el registro de las visitas que recibió la excongresista Aida Merlano mientras estuvo privada de la libertad en ese país. Así se evidencia en el documento de 219 páginas en el que la Corte argumenta la medida de aseguramiento en contra del excongresista Arturo Char.
En el documento, la Corte hace la solicitud explicita de cooperación internacional al Ministerio de Justicia y relaciones exteriores de Venezuela, lo que significaría además el completo restablecimiento de las relaciones bilaterales, reseñó Semana.
“Oficiar a los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores para que, en su condición de autoridades centrales, le informen a la Corte la posibilidad real que actualmente tendrían dichas Carteras, a efecto de lograr la cooperación de las autoridades judiciales y penitenciarias del vecino país de Venezuela, para que éstas suministren, con el fin de ser incorporados como prueba a esta actuación, el registro de visitas que recibió Aída Merlano Rebolledo mientras estuvo privada de la libertad bajo custodia de las autoridades venezolanas”, dice el documento.
Esa misma solicitud expresa la hace a la fiscalía general de Venezuela, Tarek William Saab Halabi, con el objetivo de seguir investigando si Arturo Char estuvo involucrado en la compra de votos por la que fue condenada Merlano.
“Para que en su condición de autoridad central y, por su conducto, se realicen las gestiones necesarias encaminadas a obtener información sobre el registro de visitas que recibió Aida Merlano Rebolledo mientras se encontraba privada de la libertad bajo custodia de las autoridades venezolanas, con el propósito de que tales soportes sean incorporados a la presente actuación”, dice el auto de la Corte.
Mientras las autoridades venezolanas dan respuestas, las investigaciones en Colombia avanzan. La Corte ya fijó la fecha en la que el excongresista Arturo Char rendirá la ampliación de su indagatoria. La diligencia será el próximo 25 y 26 de septiembre a las nueve de la mañana y se hace por solicitud de la defensa del exsenador.
En el auto de la Corte también queda evidenciado que son varias las pruebas documentales y testimoniales que complican la situación jurídica de Arturo Char y que llevaron a la Corte Suprema a imponer la medida de aseguramiento y a imputarle cargos por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante agravados.
En la extensa decisión, la Corte da credibilidad a las cinco declaraciones que rindió la excongresista Aida Merlano, quien lo señaló directamente de participar en el plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018, a fin de garantizar su reelección y aumentar su poder.
Según el documento, en diciembre de 2017, Arturo Char fue a la Casa Blanca, sede de campaña de Aida Merlano, en Barranquilla, para “concretar el acuerdo delictivo que se canalizaría en procura de ejecutar las conductas punibles de corrupción electoral”. Una decena de testimonios y una grabación tomada por una de las cámaras de seguridad permitieron vincular al exsenador en “la estructura delictiva dedicada a la compra de votos”.
Pese a que Char, por medio de su defensa, reconoció la visita alegando que el objetivo era “finiquitar un asunto relativo a la Mesa Directiva de la Asamblea del departamento del Atlántico”, testigos aseguran que en los encuentros que se llevaron a cabo en la sede política ejerció presiones y dio instrucciones para el plan de compra de votos, que ya estaba en marcha.
“El referido acuerdo se tradujo en la organización y logística para la compra de 10.000 votos a favor de Arturo Char”, señaló la Corte en el documento.
En esta ecuación corrupta según las pruebas, también habría participado Adalberto Llinás Delgado, amigo de Arturo Char y hermano de Lilibeth Llinás, a quien el menor del clan Char había impuesto como candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico.
Por Agencia