Colombia inició el domingo un cese al fuego bilateral con cinco de los principales grupos armados que operan en el país, el cual se extendería hasta el 30 de junio bajo la supervisión de las Naciones Unidas, la Iglesia católica, la OEA y la Defensoría del Pueblo.
“El cese tendrá como objetivo principal suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas”, señaló la presidencia en un comunicado el sábado al filo de la medianoche.
La suspensión de las acciones ofensivas cobija al Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, con la que el gobierno reanudó una mesa de diálogo en noviembre. Se trata del primer cese al fuego bilateral logrado desde entonces y el resultado más notable de las negociaciones.
La declaratoria del cese al fuego bilateral incluye a la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, dos facciones de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que volvieron a las armas y no se acogieron al proceso de paz firmado en 2016 con el Estado.
Se unieron también a la declaratoria las Autodefensas de la Sierra Nevada, herederas del paramilitarismo, y el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia —el mayor cártel de narcotráfico del país en los últimos años—, que ha llegado a tener capacidad de traficar 20 toneladas mensuales de cocaína, especialmente hacia Estados Unidos y países europeos, según las autoridades colombianas.
El gobierno aclaró que por el momento no contempla más ceses al fuego con otros grupos armados, además de los cinco anunciados, e implica que hará una “revisión de resultados de los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales, para tomar decisiones futuras”.
El cese al fuego bilateral forma parte de una estrategia llamada “paz total” con la que el presidente Gustavo Petro —primer izquierdista en el poder en la historia de Colombia— busca tener acercamientos con los grupos armados que deriven en diálogos de paz o sometimiento a la justicia, con el objetivo de aminorar el conflicto armado que persiste en el país, impulsada especialmente por lucrativas rentas ilegales como las que deja el narcotráfico.
Por: Agencia