La reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia va a generar un impacto positivo en ambos países. Si bien es cierto que, en los últimos años, el comercio bilateral ha sido favorable para el país hermano. En consideración de James Ramos, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, “es indudable que la magnitud del intercambio comercial ha disminuido sustancialmente, registrando sus peores cifras en años con la implementación de esta medida, se espera un repunte en el intercambio comercial de forma paulatina y que éste contribuya con la recuperación de la producción en Venezuela”.
Para Ramos Ariza esta medida estimularía la formalidad, es decir, las operaciones de comercio ilegal o informal se verían disminuidas con el esfuerzo realizado por ambos gobiernos. “En materia de empleo directo e indirecto, se produciría una recuperación. Todo esto obliga al Estado a una inversión en reparación de las vías de acceso, carreteras y un plan de seguridad que genere confianza y protección contra las bandas criminales y trochas que presentan esas zonas”.
Señaló que el gobierno venezolano debe desarrollar políticas de protección para el empresariado local, entre ellas continuar con la política de disminución del encaje legal, incentivos fiscales, seguridad física y jurídica, que permitan a las empresas competir en condiciones favorables, de modo que se pueda generar un proceso de integración, con reglas claras, mecanismos de compensación rápidos y eficientes; para ello es vital que el Estado escuche a los representantes empresariales del país.
“Hacemos un llamado a todos los sectores involucrados en el desarrollo económico del país para actuar de manera ética y responsable. La evasión fiscal se ha convertido en un detonante de la paralización de un número importante de alcaldías; debemos de generar una campaña de concientización, donde todos los factores se sumen para restablecer una cultura tributaria”, resaltó el experto en el área contable.
En opinión de Ramos los distintos gremios empresariales tienen la tarea de hacer un llamado a detener la evasión. “Lo que ayer pudo ser una medida estratégica por los distintos problemas que se presentaron en el país, como crisis del combustible, crisis eléctrica, diáspora laboral, voracidad fiscal, entre otros, hoy se convierte en un ancla para el desarrollo de la economía”.
Recomendó que las distintas administraciones tributarias tienen la obligación de orientar a los contribuyentes y ser el órgano de corrección de cualquier desviación, situación que no está sucediendo, por el contrario, en varias oportunidades la actuación de algunos funcionarios se convierte en estimuladores de la evasión. “Hacemos un llamado a todas las administraciones tributarias a controlar todos los procesos de fiscalizaciones y poner un coto al tema de las extorsiones a los contribuyentes”.
“Por otra parte, los consumidores finales deben ser garantes y exigir a todo negocio la factura respectiva, por muy pequeño que sea su valor, a fin de motivar las buenas prácticas”. Enfatizó Ariza.
El representante gremialista llamó a la ética profesional, no ser partícipes de los procesos de evasión de algunos empresarios, ni tampoco formar parte o avalar procesos de fiscalizaciones con desviaciones legales. “Ambas acciones van en deterioro de la economía del país y atentan contra el fortalecimiento de nuestra profesión”.
Por: Nota de Prensa / Foto: Cortesía