Estas tres centrales sindicales, que participaron en la cuarta ronda de diálogo social con el Ejecutivo nacional, y empresarios -con asesoría técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los días 1 y 2 de febrero en Caracas- elevaron este planteamiento en esos encuentros, reseñó Efecto Cocuyo.
«Aspiramos que, a más tardar en el mes de marzo, el gobierno decrete un significativo aumento del salario mínimo. Con responsabilidad y cifras en la mano hemos propuesto, en conjunto con las organizaciones sindicales CGT y ASI, el aumento del salario mínimo que no sea inferior a U$ 200 mensuales. Los ingresos fiscales recurrentes permiten sin efectos inflacionarios establecer ese monto», señaló la CTV en un comunicado.
En el encuentro, según las centrales de trabajadores, el Ministerio del Trabajo reconoció que ya contaba con un método de fijación del salario mínimo y un cronograma para su fijación, previas consultas realizadas con las partes.
Demora «injustificada»
“El aumento es de absoluta responsabilidad del Ejecutivo Nacional y una obligación legal y no hay ninguna justificación para mantener el salario mínimo actual alrededor de U$ 4 mensuales con una canasta alimentaria que ronda los U$ 500 mensuales”, se advirtió en la declaración de la CTV, que encabeza el secretario general, José Elías Torres.
Vale acotar que producto de la tercera ronda de diálogo, que tuvo lugar en Nueva Esparta en 2023, se había llegado al acuerdo de establecer una mesa técnica para el método de fijación del salario mínimo, instancia que de acuerdo con voceros sindicales, fue «pateada» por el Ejecutivo al no decretar un aumento el 1 de mayo del año pasado y en su lugar anunciar un incremento de los bonos de alimentación (a $40) y de guerra ($30).
El gobierno de Maduro repitió la fórmula el 15 de enero de 2024, cuando el mandatario informó sobre un nuevo incremento del bono de guerra a 60 dólares a partir del 1 de febrero, con la promesa de que los ingresos de los trabajadores seguirían siendo mejorados.
Detenciones arbitrarias siguen ocurriendo
De acuerdo con la declaración de la CTV, durante la cuarta ronda del diálogo tripartito también se le exigió a la representación del Ejecutivo, liderada por el ya exministro Francisco Torrealba, informar sobre la situación de dirigentes sindicales detenidos a raíz de protestas por reclamos salariales, así como de los excarcelados con medidas cautelares.
Las centrales sindicales se refirieron específicamente al presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (Fenatev) seccional Barinas, Víctor Venegas, detenido el pasado 17 de enero y al profesor Robert Franco, Secretario General del Colegio de Profesores de la seccional Carúpano, estado Sucre.
Asimismo, solicitaron mayor información relacionada con las condiciones de la excarcelación de los seis sindicalistas condenados a 16 años “sin pruebas”: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes. La representación sindical condenó que no haya respuesta, a pesar de las denuncias ante OIT “de la criminalización de la actividad sindical y de protesta laboral”.
“El gobierno continúa practicando su política de detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales. Lamentamos profundamente que en pleno desarrollo de las reuniones preparativas de la 4a sesión del Foro fuera detenido el profesor Víctor Venegas, presidente de Fenatev-Barinas y siendo allanada su sede sindical con violencia y fueran confiscados sin orden judicial, bienes de dicha organización sindical”, reza el comunicado de la CTV.
Interferencia del CNE
Con rondas previas celebradas en Caracas y Nueva Esparta desde 2022, el diálogo tripartito con acompañamiento de la OIT busca que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de septiembre de 2019 de la OIT, para que se respeten los convenios 26 (métodos para la fijación de salarios mínimos) convenio 87 (libertad sindical) y convenio 144 (sobre la consulta tripartita).
“Es imperioso que el gobierno solicite al CNE la promulgación de una norma que diga expresamente que los sindicatos pueden realizar sus elecciones sin asistencia técnica del CNE. Debe quedar claro que es el sindicato quien decide si solicita o no la asistencia del CNE. Basta ya de procesos electorales paralizados por la interminable lista de requisitos que impone el CNE violatorio del convenio 87 OIT”, fue otra exigencia de los sindicalistas en el diálogo social tripartito.
Las centrales ratificaron el alerta ante una propuesta de reforma de Fedecámaras, que contaría con el aval del gobierno, para concretar una reforma del sistema de prestaciones sociales.
El pasado mes de enero, el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, presente en la cuarta ronda del diálogo social, declaró a Unión Radio que se puede declarar una “vacatio ley” de la Ley Orgánica del Trabajo por dos años para mejorar las condiciones de los trabajadores venezolanos, al sostener que una alta inflación impide a las empresas y al sector público, asumir la retroactividad de las prestaciones sociales.
Las partes acordaron una quinta ronda de diálogo, aún sin fecha ni lugares definidos.
