El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, pisó este miércoles por primera vez el Palacio de Gobierno de Lima para reunirse con el actual presidente interino, Francisco Sagasti, e iniciar el traspaso de poderes con miras al 28 de julio, día del bicentenario nacional en que asumirá la jefatura del Estado.
Tras esperar pacientemente mes y medio para que se resolvieran y rechazaran todas las impugnaciones presentadas por la derechista Keiko Fujimori, que tras perder los comicios denunció sin pruebas fehacientes un «fraude» electoral, Castillo y su equipo tienen una semana escasa para organizar la transferencia del poder ejecutivo.
El electo mandatario llegó a su cita con Sagasti sin desvelar todavía los nombres de los ministros que compondrán su primer gabinete, su secreto mejor guardado y el principal tema de debate en los días previos a su asunción presidencial.
Sin desprenderse de su característico y ya simbólico sombrero chotano, elemento tradicional de los campesinos de la norteña región andina de Cajamarca, el profesor rural fue recibido en el estacionamiento del Palacio de Gobierno por Sagasti, quien le mostró algunas dependencias del edificio antes de mantener su reunión.
Además del proceso de transferencia, Castillo y Sagasti también trataron diversos temas de interés nacional, según informó la Presidencia de Perú en redes sociales sin precisar qué asuntos en concreto fueron tratados.
En el encuentro, que se prolongó por más de dos horas, también participó la primera ministra, Violeta Bermúdez, y la vicepresidenta electa, Dina Boluarte, quien ha sido designada por Castillo como la jefa de su equipo para dirigir el traspaso de carteras.
A su salida, el gobernante electo evitó realizar declaraciones a los periodistas congregados a las afueras de la sede del Ejecutivo.
Primera ministra pide tranquilidad
En la conferencia de prensa semanal posterior al Consejo de Ministros, Bermúdez admitió que «lo óptimo» hubiera sido tener más tiempo para el proceso de transferencia, pero consideró que «toda la ciudadanía tiene que estar tranquila».
«Quiero asegurarles que el aparato público del Poder Ejecutivo es muy sólido. Tenemos un grupo muy importante de servidores y servidoras públicas que son los que gestionan el Estado. No debe de haber ninguna preocupación porque los servicios no van a parar», comentó.
Sobre el proceso de vacunación, la presidenta del Consejo de Ministros sostuvo que la administración de las dosis está garantizada hasta final de este año, porque «los vacunatorios están instalados y los equipos de vacunación ya contratados, y esto no tiene por qué parar».
La primera ministra remarcó que el actual Gobierno ya subió toda la información sobre su gestión a la plataforma digital habilitada por la Contraloría General de la República y a partir de ahora serán los equipos técnicos de Castillo los encargados de revisar esos documentos.
Más temprano, Castillo fue recibido por el contralor de la República, Nelson Shack, cuya entidad asistirá a sus equipos técnicos y del actual Gobierno durante la transferencia de gestión.
«Este es un proceso de naturaleza estratégica, ya que el 60 % del presupuesto público es manejado por el Poder Ejecutivo, en el cual hay 183 entidades públicas», indicó Shack.
Para acelerar el proceso, el contralor explicó que se están realizando reuniones virtuales, aunque también habrá encuentros presenciales en el Centro de Convenciones de Lima.
El presidente del bicentenario
Castillo, un profesor rural y líder sindical del magisterio, fue elegido para ser el presidente de Perú para el periodo 2021-2026 y asumirá la jefatura del Estado el 28 de julio, día en que el país conmemorará los 200 años de su independencia.
Pese a ser un candidato desconocido para gran parte de la población al inicio del proceso electoral, Castillo fue el aspirante más votado en la primera vuelta, y en la segunda ronda se impuso a la derechista Keiko Fujimori, que se quedó por tercera vez consecutiva a las puertas de ser la primera mujer en presidir Perú.
En la contienda electoral defendió una profunda reforma del Estado que incluya una nueva Constitución, al considerar que el notorio progreso económico de las últimas décadas no ha beneficiado a todos por igual y no ha logrado cerrar las profundas brechas de desigualdad, especialmente con los sectores más desfavorecidos.
Por: Agencia