viernes, noviembre 22

Capturan un alguacil por cobrar 12 mil dólares a un privado de libertad

Un alguacil del Circuito Judicial Penal Caracas resultó detenido éste sábado porque presuntamente cobró 12 mil dólares a un privado de libertad a cambio de conseguirle la libertad plena, dijeron fuentes del sistema de justicia.

Pastor Enrique Padilla Ferrer es el alguacil capturado por efectivos adscritos a la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), reseñó Últimas Noticias.

La detención de Padilla Ferrer se produjo en las instalaciones del Palacio de Justicia de Caracas luego de ser denunciado por el abogado de Francisco Javier Cedeño Morillo, el privado de libertad que presuntamente canceló los 12 mil dólares, según expediente.

De acuerdo a las investigaciones, el alguacil Padilla Ferrer le dijo a los familiares de Cedeño Morillo que él tenía controlado al juez y a la secretaria del tribunal donde estaba el expediente, con lo cual la libertad del preso estaba garantizada.

En esa componenda también participó el abogado Evelgret Ezequiel Díaz Espinosa quien igualmente fue capturado por la PNB.

Cedeño Morillo, el preso a quien le prometieron la libertad por 12 mil dólares, está imputado por terrorismo y tráfico de armas, delitos cometidos en razón de pertenecer a un grupo Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos) que opera en Apure, según el expediente. Las detenciones del alguacil y el abogado fueron acordadas por el Tribunal Nacional 4° con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo a cargo del juez José Macsimino Márquez García.

La situación fue seguida palmo a palmo por Lisbeth Hernández, presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y quien ordenó un reforzamiento de las medidas para «garantizarle al pueblo una justicia gratuita, expedita y sin dilaciones», comentó una fuente del sistema.

Hernández le ha dicho a su equipo de trabajo que se debe preservar la independencia de los jueces para de esa manera proveer a los usuarios «un trabajo transparente, apegado a la Constitución y las leyes».

 

Por Agencias