El presidente salvadoreño Nayib Bukele nombró el miércoles al colombiano Andrés Guzmán Caballero como comisionado presidencial para los derechos humanos, luego de que anteriormente se había desempeñado como titular de Derechos Humanos en Entornos Virtuales y la Libertad de Expresión en la Defensoría de Colombia.
El gobierno de Bukele asegura que con este nombramiento, “El Salvador seguirá reafirmando su compromiso con los derechos humanos de la población” y fustiga a las organizaciones no gubernamentales ya la comunidad internacional, a la que acusa que “antepuso su interés al bienestar de los salvadoreños”.
Después de que pandilleros asesinaron recientemente a un agente de policía, el mandatario salvadoreño publicó un mensaje en Twitter dirigido a los defensores de los derechos humanos: “Que sepan todas las ONGs de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás”.
El nombramiento de Guzmán Caballero — un abogado especializado en derecho de nuevas tecnologías por la Escuela de Leyes de Nueva York — se da en medio de reiterados señalamientos de organismos internacionales de violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo, el cual se implementó después de una jornada de violencia sin precedentes en el país.
Tres relatores especiales de las Naciones Unidas expresaron esta semana su rechazo a la reciente renovación del régimen de excepción en El Salvador que rige desde marzo de 2022 con el objetivo de combatir a las pandillas, y pidieron el fin inmediato de la medida.
“El estado de excepción fue presentado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, indicó en un comunicado de los expertos.
El estado de excepción, el cual fue aprobado por el Congreso unicameral controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, suspende varios derechos constitucionales, incluido el derecho a informarle a alguien de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes se consideran sospechosos.
Según cifras oficiales, las autoridades han capturado a más de 68.000 supuestos pandilleros o colaboradores en el marco del régimen de excepción, de los cuales del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, en particular por el delito de agrupaciones ilícitas. Sin embargo, también han sido liberadas más de 5.000 personas después de que no se les pudo vincular con estos grupos criminales, según las autoridades.
Por: Agencia