El Gobierno brasileño publicó este lunes un decreto que establece normas para la incorporación de nuevas tecnologías, incluido el uso de inteligencia artificial (IA), en procesos de investigación criminal y en actividades de inteligencia de seguridad pública.
El objetivo es modernizar las técnicas de investigación, incrementar la eficacia operativa y mejorar la seguridad ciudadana, respetando garantías constitucionales y derechos fundamentales, según la reglamentación publicada en el Diario Oficial por el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con el texto, las autoridades pueden solicitar autorización judicial para interceptar comunicaciones, acceder a datos almacenados en dispositivos móviles y utilizar sistemas de IA que ayuden en el análisis de grandes volúmenes de información.
De esta manera, se busca agilizar la detección de patrones delictivos, identificar redes criminales y prevenir delitos con mayor precisión.
El decreto establece que las acciones deben estar respaldadas por un procedimiento técnico y legal, evaluado por unidades especializadas del Ministerio de Justicia, y por un fallo judicial previo.
«Es la primera vez en Brasil que una norma específica establece parámetros claros para el uso de la inteligencia artificial en la seguridad pública y que define límites éticos y operacionales que garanticen la eficacia sin comprometer los derechos fundamentales», afirma el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La nota agrega que las normas «inéditas», consideradas un hito para el sector, buscan modernizar la actuación de las fuerzas de seguridad, pero sin desproteger los derechos fundamentales.
Por esa razón, la norma prevé una protección rigurosa de los datos personales, con el fin de prevenir su uso ilícito en fraudes, golpes financieros o persecuciones. El acceso a datos sigilosos siempre dependerá de autorización judicial.
Igualmente prevé la creación de «parámetros claros para la aplicación de la IA en operaciones de seguridad pública».
La medida también permite a autoridades carcelarias usar las tecnologías para localizar y bloquear celulares, así como para acceder y analizar los datos almacenados en esos dispositivos, como herramienta para combatir el crimen organizado y controlar las comunicaciones ilícitas dentro de los presidios.
La norma prohíbe a los órganos de inteligencia usar aparatos que permitan la identificación biométrica a distancia en espacios públicos, con excepción de los casos en que se utilicen para buscar víctimas de crímenes o personas desaparecidas o en los que se determine que hay amenaza a la vida.
«La medida representa un avance significativo en la modernización de las fuerzas de seguridad y posiciona a Brasil en la vanguardia de la aplicación responsable de tecnologías para la protección de la sociedad», asegura el Ministerio de Justicia.
Por: EFE