A fuego y sangre, bandas integradas por colombianos y venezolanos, dedicadas al tráfico de personas y extorsión a conductores, comerciantes y migrantes, disputan las trochas y pasos fronterizos que comunican a Ecuador y Colombia.
En siete días estas estructuras de crimen organizado, que atemorizan a los habitantes de las poblaciones fronterizas colombo-ecuatorianas, suman cinco muertos en Ipiales y una persona asesinada en el norte de Tulcán, a 500 metros del río internacional Carchi-Guaytara, sector La Ladrillera.
Expertos en seguridad colombiana aseguran que habría fracasado el denominado plan binacional Espejo, implementado por los ejércitos y policías de ambos países desde el pasado 20 de abril, que pretendía controlar los circuitos rurales que comunican a las dos naciones.
La guerra entre dos grupos delincuenciales recrudeció en esta última semana con un saldo mortal que involucra a gente venezolana y colombiana, en el intento de recuperar el control de estos lugares que comunican a Tulcán e Ipiales.
Existe la presunción de que varios heridos que participaron en un enfrentamiento en La Verbena (Colombia) ingresaron a Ecuador para hacerse atender en territorio ecuatoriano, como confirma un parte policial.
No obstante, Edwin Proaño, comandante de la Subzona de Policía en Carchi, desvirtuó aquello tras informar que efectuaron una verificación en los centros de salud estatales y en el hospital de Tulcán.
Estos hechos violentos evidencian que la estrategia de control migratorio en estos 38 lugares no reconocidos por los dos países, utilizados por gente de toda condición social para movilizarse entre Ipiales y Tulcán o viceversa está confrontada por estas organizaciones.
Operativos muestran que son rutas para el cometimiento de delitos
Los operativos militares realizados durante los 510 días que está cerrado el puente internacional de Rumichaca han puesto al descubierto la ejecución de varios delitos en estos sitios, que van desde contrabando a gran escala hasta tráfico de migrantes.
El combate del pasado lunes entre los miembros de las bandas Patio Uno de Colombia y Tren de Aragua de Venezuela, no solo dejó muertos y heridos sino también una vivienda quemada en La Verbena (Colombia) donde vivían venezolanos y un vehículo incinerado.
Después de 16 meses de estar suspendido el paso normal a vehículos y personas por el viaducto binacional (Rumichaca) para evitar el ingreso de casos COVID-19, la dinámica de estos trayectos prohibidos aviva el paso de migrantes, droga, armas, dinero falso, lingotes de oro, entre otros.
Estas actividades al margen de la ley se han convertido en rentables para estas agrupaciones identificadas con el crimen organizado, que por estos días se disputan reciamente estos territorios a los dos lados de la frontera.
Las confrontaciones buscan controlar estos sectores que están ubicados en las zonas periféricas de Tulcán en Ecuador y en Ipiales, Cuaspud y Carlosama en Colombia, donde varios lugares han sido convertidos en miniterminales de motos o vehículos particulares para transportar personas entre las dos urbes.
Alcalde de Ipiales pide refuerzos militares
Fernando Villota, alcalde de Ipiales, ante los continuos ajusticiamientos en esa ciudad está solicitando al Ministerio de Defensa de Colombia el incremento de la fuerza pública con personal militar para que sea dispuesto en el cordón fronterizo.
Alfonso Reyes, subcomandante de Policía de Nariño, reconoce que la ola de violencia es fuerte en Ipiales por la disputa de las trochas fronterizas, razón por la que tras un consejo de seguridad efectuado el miércoles decidieron prohibir la circulación de dos personas en motos y el uso de vidrios polarizados.
Nelson Parrado, comandante de Policía de Ipiales, confirmó que lograron la captura de siete personas vinculadas al tráfico de personas y por concierto para delinquir tras una investigación realizada durante un mes en ese puerto fronterizo.
Según Parrado fue desarticulado el grupo común organizado denominado Patio Uno, dedicado al tráfico de migrantes desde Ipiales hacia territorio ecuatoriano, a través de los pasos informales.
Las investigaciones señalan que delinquían en las terminales de transporte de las dos ciudades de frontera, utilizando automotores que ofertan transporte informal conocidos como los lechuceros dos.
Otra de las medidas son los controles a los hoteles donde se hospedan extranjeros que pasan de forma irregular hacia el Ecuador o vienen desde Tulcán hacia el interior del vecino país.
Nueva víctima
Edwin Beltrán, de 52 años, propietario de un vehículo en el que transportaba ilegalmente a pasajeros entre Ipiales-Santa Fe y Urbina, en el límite internacional y viceversa, fue asesinado en el interior de su auto con cuatro disparos.
Testigos aseguran que dos personas que vestían de negro y circulaban en una moto en el sector del cementerio de Ipiales, donde estacionan los autos más de 100 transportistas irregulares para mover personas hasta la frontera habrían sido los responsables.
La víctima laboraba efectuando transporte informal de pasajeros desde hace un año, no tenía antecedentes judiciales, existiendo la presunción de que no pagó la vacuna (valor económico) que cobran estas organizaciones del delito a transportistas, migrantes y comerciantes para transitar por estas arterias fronterizas.
El coronel Edwin Proaño dice que están coordinando acciones con el Ejército y otras instituciones para controlar las trochas, pero aclara que necesita de 100 policías para vigilar estos lugares las 24 horas.
Proaño sostiene que se trata de una lucha de poderes entre las dos bandas de extranjeros por mantener el control de estos pasos. “Estas organizaciones delincuenciales tratan de amedrentar a los usuarios frecuentes de estos caminos para obtener un rédito económico”, advierte el oficial, quien agrega que en territorio ecuatoriano no hay pago de vacunas.
Un último operativo desarrollado el jueves retuvo 34 motocicletas que no contaban con la documentación que acredite los títulos de propiedad de los conductores y dos motociclistas fueron aprehendidos y son investigados.
Sin embargo, estos pequeños vehículos son recuperados por sus dueños y continúan operando entre el sector de 4 Esquinas (Ecuador) – El Partidero (Ipiales) por donde como reconoce Proaño además de movilizar personas pasan estupefacientes, mercancías, cilindros de gas ecuatoriano, migrantes.
El jueves último, un ecuatoriano y un colombiano fueron sorprendidos transportando 20 kilos de marihuana en una motocicleta por esta ruta, comenta Proaño, quien acusa que en territorio fronterizo colombiano hay poca o ninguna presencia policial y militar y la información solicitada no se entrega en tiempo real como sucede con la Policía del Perú, algo que retrasa las investigaciones.
Los sitios utilizados para pasar en motos o en carros desde Tulcán a poblaciones colombianas son: Urbina, 4 Esquinas, Tufiño, Río Carchi, frente a Santa Fe, El Partidero, Chiles y Carlosama en Colombia.
Hay propiedades particulares que están entre los dos países que son arrendadas a personas que cobran una suerte de peaje a los vehículos que transportan a venezolanos desde Colombia y a haitianos y africanos desde Ecuador por estos terrenos, siendo difícil sancionar a los propietarios.
Los moradores esperan la creación de una ordenanza municipal para sancionar estas irregularidades, tema que será planteado al COE de Tulcán. Para la policía un foco donde estarían operando estas bandas transnacionales en Tulcán sería la terminal terrestre.
Además, solicitan a la Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Turismo, Servicio de Rentas Internas, Municipio de Tulcán, Sindicato de Choferes (propietario de la terminal), entre otras, que controlen a más de una decena de oficinas de turismo o viajes que operan en el interior de la terminal terrestre administradas por extranjeras. El Universo
Por: Agencia