La justicia de Curazao ratificó la sentencia que obliga a un banco de la isla a reembolsar los fondos a una empresa que asesoraba a una contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que fueron congelados como consecuencia de los manejos que esa entidad llevaba a cabo en un banco corresponsal de Puerto Rico.
De acuerdo con una nota de Crónicas del Caribe, el Tribunal Conjunto de Justicia de Aruba, Curazao, Bonaire, Saint Maarten, San Eustaquio y Saba desechó la apelación formulada por los apoderados legales del SouthAmerican International Bank of Curacao NV (SAI-Bank) a una sentencia emitida en primera instancia, que lo obliga a entregar todo el dinero que le confiaron las firmas Asociada de Consultoría y Servicios SA (CSA), Consultoría y Servicios Asociados LTD, registradas respectivamente en Suiza e Islas Vírgenes Británicas, así como un venezolano a título individual, que solo fue identificado como Jean Pierre.
De acuerdo con los registros judiciales, citados por el medio, tanto las empresas como el ciudadano venezolano guardan una relación. Agregó que el hombre sería el beneficiario final de lo negociado a través de las compañías, todas representadas por el mismo grupo de abogados.
En 2015, CSA entabló un “acuerdo de consultoría” con la firma tailandesa Tipco Asphalt Public Company LTD. El propósito esencial de la consultoría, tal y como lo reconocieron en el curso de este litigio, era asistir “en las negociaciones y compra de petróleo de la empresa estatal venezolana Pdvsa”.
El acuerdo entre CSA y Tipco fue ampliado en 2018. Con esta decisión, las empresas registradas en Suiza e Islas Vírgenes, así como el venezolano, optaron por abrir cuentas en el banco de Willemstad.
Ese año, el Departamento del Tesoro de EEUU implantó un conjunto de sanciones al régimen de Nicolás Maduro, que abarcaban a Pdvsa y otras estatales.
Para mediados de 2019, Tipco había pagado a CSA 4,3 millones de florines (2,38 millones de dólares), utilizando al Italbank de Puerto Rico, que operaba como banco corresponsal del SAI Bank.
Italbank detectó que las partes involucradas podían relacionarse con el gobierno venezolano, lo que ponía a esa entidad en riesgo de sanciones por el Tesoro estadounidense. Solicitó más información al SAI Bank, y al confirmar sus sospechas bloqueó los saldos del SAI.
Simultáneamente, CSA y el contratista venezolano exigían al banco de Curazao el reintegro de su dinero. Los registros del caso indican que sumaban en total 1,5 millones de dólares.
En el curso del proceso, SAI Bank alegó que fue engañado por CSA. Para probarlo, entregaron al juzgado una carta del 9 de febrero de 2019, en la que estas compañías aseguraban que no mantenían “ninguna relación comercial directa o indirecta con organismos gubernamentales venezolanos o empresas venezolanas o empresas mixtas venezolanas».
Pese a lo anterior, la justicia de la isla no admitió el argumento. La instancia, presidida por la juez Corrie ter Veer, con acompañamiento de otros dos magistrados, se indica que «SAI ya conocía de antemano los negocios en los que se movía su cliente. Así que no hubo engaño ni fraude alguno”.
El SAI Bank es una entidad perteneciente al empresario ecuatoriano Juan Eljuri. Comenzó a ser noticia en agosto de 2017, cuando la fiscalía de Ecuador ordenó el allanamiento de sus oficinas en Quito y Guayaquil, en el curso de las pesquisas sobre presunta corrupción en las contrataciones del gobierno de Rafael Correa con la transnacional brasileña Odebrecht.
En junio de 2018, el fiscal ecuatoriano César Suárez emprendía un juicio contra dos consultores del banco. En su acusación, afirmó que el SAI facilitaba la obtención de las coimas por parte de los intermediarios, “sin levantar alertas”. Las operaciones tenían como eje central a la agencia de Curazao. Un delator reveló que SAI cobraba comisiones de hasta 8 % por la entrega del dinero.
Este fue uno de los primeros expedientes en los que se vinculó al exvicepresidente Jorge Glas en presuntas corruptelas.
Por: Agencia