Las autoridades colombianas rechazaron este lunes un video difundido por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el que se muestran pruebas de vida de cuatro funcionarios secuestrados desde mayo en el departamento de Arauca (este) y exigieron su liberación inmediata.
La Fiscalía calificó de «inadmisible» el comunicado en el que el grupo armado afirma que les hará a los funcionarios un «juicio revolucionario», reiteró su exigencia de liberación inmediata e incondicional y rechazó cualquier intento de condicionar su entrega a un canje.
Recordó que los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, fueron secuestrados el 8 de mayo en Arauca, mientras que los policías Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia fueron capturados el 20 de julio en esa misma zona.
Por su parte, la Policía Nacional responsabilizó al ELN por la vida de los dos uniformados y advirtió que el «juicio revolucionario» al que los pretenden someter carece de validez y contradice la Constitución y las leyes colombianas.
La Defensoría del Pueblo, en un pronunciamiento más amplio, recordó que la «privación prolongada de la libertad» constituye el crimen de guerra de toma de rehenes y que ningún grupo armado puede justificar actos de ese tipo por razones políticas o ideológicas.
Además, instó al Gobierno y a los organismos internacionales a redoblar los esfuerzos humanitarios para lograr la liberación de los cuatro cautivos.
En el video, el ELN asegura que los funcionarios «pasarán a juicio revolucionario», en el que podrían recibir penas de prisión de tres a siete años.
Según la guerrilla, este proceso «preserva la vida» de los secuestrados y hace parte de su «justicia diferenciada», una figura que las autoridades consideran arbitraria y contraria al Derecho Internacional Humanitario.
Arauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia y escenario de disputas entre el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos ilegales por el control de rutas del narcotráfico y economías ilícitas.
Por: EFE