Un grupo de legisladores estatales republicanos y dos exfuncionarios del gobierno del presidente Donald Trump exhortaron el miércoles al gobernador de Arizona, Doug Ducey, a que utilice los poderes de guerra para rechazar lo que dicen es una “invasión” de migrantes en la frontera sur del estado.
Los funcionarios consideran que Ducey puede utilizar una interpretación novedosa de la Constitución de Estados Unidos para hacer que la Guardia Nacional o la policía estatal envíen por la fuerza a los migrantes a México sin tomar en cuenta las leyes de inmigración ni los procedimientos policiales. En lugar de ello operarían como una especie de fuerza militar que repele a un ejército extranjero.
Ducey, miembro del Partido Republicano, ha desafiado enérgicamente las políticas fronterizas del presidente Joe Biden. La ocasión más reciente fue durante su discurso sobre el Estado del Estado el lunes, cuando declaró que “la Casa Blanca y el Congreso han decidido hacerse de la vista gorda” ante lo que dijo es “una crisis nacional”. El gobernador ya ha enviado a elementos de la Guardia Nacional y del Departamento de Seguridad Pública para que apoyen a la policía local y a la Patrulla Fronteriza.
Pero los legisladores dijeron que es necesario tomar medidas extraordinarias debido al elevado número de personas y de drogas que atraviesan la frontera ilegalmente.
“Normalmente se hablaría de una invasión en términos de una invasión de una nación-Estado, pero al ver estas cifras, creo que puede decirse con seguridad que esto es una invasión”, declaró el representante Jake Hoffman en una conferencia de prensa a la que asistieron aproximadamente otros 20 legisladores republicanos.
Varios gobernadores republicanos han desplegado a miles de miembros de la Guardia Nacional para que patrullen la frontera con México, incluyendo unos 150 de Arizona que efectúan labores de apoyo pero no aprehenden a migrantes. Los legisladores y exfuncionarios del gobierno de Trump desean que tengan facultades para hacer mucho más.
La Patrulla Fronteriza informó de más de 1,6 millones de encuentros con migrantes en la frontera de Estados Unidos con México de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, más del cuádruple que el número del anterior año fiscal y el total anual más alto registrado.
Sus peticiones apelan a nueva interpretación de la Constitución de Estados Unidos, que señala que los estados no pueden “entrar en Guerra a menos de que sean literalmente invadidos”. No existen límites en la autoridad del gobernador para determinar qué constituye una invasión y responder en consecuencia, dijo en conferencia de prensa en Phoenix Ken Cuccinelli, exsubsecretario de Seguridad Nacional y jefe de la agencia de inmigración legal durante la presidencia de Donald Trump.
Él concibe una fuerza fronteriza sin la carga de que tenga que cumplir con las leyes federales de inmigración, que permiten a los migrantes solicitar asilo y quizá consolidar un caso ante un juez antes de que sean deportados.
“La manera como yo lo haría es que les tomaría las huellas de sus pulgares, les daría agua y alimentos y los regresaría al otro lado de la frontera”, señaló Cuccinelli, que ahora es miembro importante en Center por Renewing America. “No estas construyendo instalaciones. No estás reteniendo a las personas por períodos largos”.
Pau Bender, profesor de derecho constitucional en la Universidad Estatal de Arizona, dijo que la disposición constitucional que Cuccinelli cita tiene como propósito contener a los estados, no darles poderes.
“Me parece que las invasiones que los legisladores tenían en mente fueron invasiones organizadas por los gobiernos de otros países, no por migrantes desorganizados sin documentos”, escribió Bender en un correo electrónico. “Claramente el plan de la Constitución fue tener los asuntos sobre inmigración a cargo del gobierno federal, no de los estados”.
La ley federal otorga al presidente la facultad de solicitar asistencia a las autoridades locales cuando enfrenten una “afluencia multitudinaria” de migrantes, dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Ley de y Políticas de Inmigración, en la Facultad de Derecho en Los Ángeles, de la Universidad de California. Declarar una invasión para suspender las libertades civiles sería dudoso tanto legal como políticamente, agregó.
“El propósito de este tipo de declaraciones es obviamente azuzar el sentimiento antiinmigrante y jugar con los temores codificados en el racismo”, señaló Arulanantham.
En octubre, Hoffman solicitó al fiscal general republicano Mark Brnovich una opinión jurídica sobre otra disposición constitucional que garantiza que el gobierno federal protegerá a los estados de una invasión. Brnovich no ha respondido, señaló Hoffman.
Agregó que los legisladores apoyan la utilización del considerable superávit fiscal del estado para financiar la acción, aunque declinó decir la cantidad.
Por: Agencia