Según explicó el portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno), “Argentina inició acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, encabezado por Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo del país por cualquier aeronave argentina, con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país”, afirmó el portavoz.
La medida de Caracas, indicó Adorni, está relacionada con el caso del avión venezolano Boeing 747 que fue retenido en Argentina desde junio de 2022 y enviado en febrero pasado a Estados Unidos, reseñó EFE.
Si bien el portavoz del Ejecutivo argentino no amplió detalles, EFE pudo saber por otras fuentes que Argentina presentó una nota de protesta a Venezuela el 8 de marzo “por la decisión de suspender los permisos de sobrevuelo de empresas aéreas argentinas en espacio aéreo venezolano”.
En ese texto, Argentina también adelantó que tomaría medidas en el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por “violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional”, conocido como Convenio de Chicago (1944).
Según dichas fuentes, el gobierno respondió ayer “ratificando la suspensión” y vinculando esta prohibición con el caso de la citada aeronave.
En la madrugada del pasado 12 de febrero, el Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, partió rumbo a Estados Unidos, en respuesta a un pedido de decomiso.
La tripulación que había llegado a Argentina el 6 de junio de 2022, integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente por la Justicia y puesta en libertad después por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.
El avión había llegado a Argentina procedente de México y tras hacer una escala en Venezuela. Dos días después partió de Argentina para cargar combustible en Uruguay, pero regresó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.
Entonces, la Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los 19 tripulantes no podían salir del país. Con el correr de la investigación, los tripulantes fueron liberados.
La justificación de la reclamación por parte de Estados Unidos es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio la que transfirió el avión -de fabricación estadounidense- a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.
Antes de la partida del avión hacia Estados Unidos, se sumó un confuso episodio, el 6 de febrero, cuando un diplomático venezolano en Buenos Aires violó la seguridad y sacó fotos de la aeronave, por lo que fue declarado persona no grata y dejó el país en las 48 horas siguientes.
Dos semanas después de la salida del avión, el pasado 29 de febrero, Maduro denunció a Estados Unidos por el “acto vil, criminal, indignante” de “descuartizar” la aeronave en Miami (Florida).
Por Agencia