Luego de más de dos meses, la Asamblea Nacional retomó la segunda discusión de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba.
La plenaria aprobó el articulado del 9 al 25, este último contempla inhabilitaciones políticas para quienes se considere hayan exhibido posturas a favor del «despojo» del territorio Esequibo en disputa con Guyana, reseñó Efecto Cocuyo.
«No podrán ser postulados a cargos de elección popular o ejercer cargos públicos las personas que, incumpliendo el deber previsto en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley, favorezcan públicamente la posición de la República Cooperativa de Guyana en torno a la Guayana Esequiba o deshonren los símbolos patrios de la Nación», reza el artículo 25 sancionado.
Rodríguez pide cárcel para «traidores»
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, advirtió a quienes pidieron suspensión del referendo sobre el Esequibo del 3 de diciembre y someterse a la jurisdicción la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no sólo se «merecen» la inhabilitación política, sino la cárcel.
«Espero que estén escuchando bien los traidores a la patria, quienes se mostraron en contra del referendo, no vayan a empezar a decir que hay persecución política. En la legislación de cualquier país se protegen de los traidores, esto es insuficiente desde el punto de vista de los graves hechos contra el territorio en los últimos años», dijo durante la sesión ordinaria de este 19 de marzo.
Sostuvo que de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, los venezolanos deben defender a la patria, «no pedir invasiones» o «convocar eventos de violencia» que atenten contra la paz de la República.
«Los que en el referendo se pusieron a favor del felón, grosero del presidente de Guyana, alguien pidió suspender el referendo e ir a la Corte Internacional de Justicia como corderitos, cuando el pueblo votó más de 90% rechazar cualquier dictamen de la Corte, escuchen traidores y traidoras», fustigó Rodríguez.
El también jefe de la delegación negociadora de Miraflores que suscribió con la Plataforma Unitaria los acuerdos de Barbados indicó que la ley será sancionada definitivamente este jueves 21 de marzo, para ser presentada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y luego al Ejecutivo para su promulgación.
Fue más allá y pidió a los diputados trabajar en un instrumento que castigue severamente las traiciones a la patria. Recordó que en países como Estados Unidos este delito es castigado con cadena perpetua o pena de muerte.
Del articulado (1 a 8), aprobado en segunda discusión el 9 de enero de 2024, la ONG Control Ciudadano, presidida por la abogada Rocío San Miguel, resaltó como positivo que se incorporara el deber de Estado de defender los intereses de la República ante instancias internacionales judiciales como la CIJ.
Uso obligatorio del nuevo mapa
El artículo 9 incluye al estado Guayana Esequiba que comprende el territorio en disputa, dentro de la organización político territorial de la República como entidad autónoma en lo político y patrimonio independiente. El siguiente (10) señala sus límites: al norte con el océano atlántico, al sur con Brasil, al este con Guyana y al oeste con los estados Delta Amacuro y Bolívar.
Asimismo, los artículos 23 y 24 sancionados contemplan el uso obligatorio en todas las dependencias del Estado e instituciones del mapa político de Venezuela con el territorio Esequibo incorporado, previo decreto del Ejecutivo nacional.
El nuevo estado contará con un gobernador electo por 4 años (artículo 11), un Consejo Legislativo (artículo 12), Contraloría estadal y órganos de justicia (artículo 16), más representación en la AN (14).
La ley además crea una alta Comisión en Defensa del Esequibo conformada por la Vicepresidencia Ejecutiva que la presidirá, la presidencia de la AN, del TSJ, Consejo Moral Republicano y los ministerios de la Defensa, Relaciones Interiores, Cancillería, Planificación y la Procuraduría.
Además por los gobernadores de Bolívar y Delta Amacuro, los alcaldes de los municipios Sifontes y Gran Sabana del estado Bolívar y Antonio Díaz de Delta Amacuro, aparte de cinco voceros de sectores sociales.
Por Agencia.