La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo para la garantía de la seguridad jurídica y la legalidad constitucional e internacional, lo que catalogado por el diputado y abogado constitucionalista como un camino o una vía hacia la restauración ética y moral de la República.
El parlamentario Hermann Escarrá enfatizó que “este documento que nos corresponde presenta lleva por título acuerdo que declara la inexistencia, la ineficacia e invalidez de los acuerdos, decisiones y actos de la Asamblea Nacional durante el período de desacato continuado contrarios a los intereses de la República y los derechos del pueblo. Este documento muy esperado por el país, muy esperado por este Parlamento se ubica fundamentalmente en el período parlamentario pasado, donde más allá de los distintos, diversos y plurales acontecimientos…se originó el concepto del desacato parlamentario que no existía en la doctrina ni en la jurisprudencia venezolana”.
Agregó que “se produce una sentencia y luego otras, y hay una actitud de contumacia, preferimos decir los abogados de rebeldía, de incumplimiento y al final la Sala Constitucional lo catalogó como desacato parlamentario con consecuencias delicadas, ya que el desacato al Poder Judicial y en particular a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en Sala Electoral como en Sala Constitucional traía el efecto de que todos los actos que produjeran eran nula por violar la constitución y por ende, encontrarse al margen del derecho”.
“No podemos olvidar jamás que no se trata de una simple violación del Estado de Derecho sino el Estado constitucional de Derecho. La fuente de legitimidad de todo el ordenamiento jurídico está en la Carta máxima, en la norma fundamental, y en este caso porque es la única constitución de las 27, que es elaborada, discutida y reflexionada y aprobada directamente por el pueblo de Venezuela, un hecho único, histórico y trascendental. Lo que destacó es la fuente directa de legitimidad que a su vez que es la base de todo el edificio jurídico de todo nuestro ordenamiento jurídico. El pueblo, titular, único e intransferible del Poder Constituyente es el que finalmente le otorga esa legitimidad a la Constitución Nacional”.
Reiteró que “cuando existe un hecho violatorio y reiterado, la salida jurídica del TSJ es que se perdía todo efecto jurídico de todos los actos de la Asamblea Nacional durante este período (2015-2020). Ahora, ¿Cuáles son esos actos? Se expresa en forma constituyente, a través de la enmienda del procedimiento de reforma, pero también a través de la iniciativa constituyente. También a través de leyes habilitantes, Orgánicas y acuerdos parlamentarios, que está impreso en el Reglamento”.
Escarrá aclaró que “el acuerdo no tiene la coercibilidad de una norma, es una expresión, es una declaración. “Estos acuerdos fueron convertidos en el ámbito internacional, en actos de gobierno. Quiero destacar que esos acuerdos parlamentarios que no tienen efectos jurídicos y esos acuerdos se producen en medio de un fraude a la Constitución o falseamiento constitucional, creando la estructura fáctica de un Parlamento, que desvirtuó su naturaleza al generar actos de gobierno, y no su facultad de dictar meros actos administrativos, para defraudar los recursos de la República”.
El diputado y abogado constitucionalista Hermann Escarrá afirmó de manera categórica que el proyecto de acuerdo constata la inexistencia, ineficacia e invalidez de acuerdos dictados con la deliberada intención de violar la constitución al emplearlos como medio de comisión delictiva ante instancias diplomáticas, políticas y judiciales extranjeras e internacionales, para defraudar a la república y a otros estados, así como engañar a terceros, simulando la ejecución de pretendidos “actos de gobierno” inexistentes.
El diputado Timoteo Zambrano (Cambiemos) recordó que el objetivo de la llamada mesa de negociaciones entre Gobierno y oposición era tener unas elecciones para poder anular la política central que tenía EEUU contra Venezuela, que era el poder dual.
“Esa mesa Gobierno y Oposición, mal llamada “la mesita”, logra las elecciones del 6D que acaba con el poder dual, pero el corazón de este acuerdo, es qué hacemos con los actos parlamentarios y ese es el gran problema que tenemos. Lo debatimos en el seno de la comisión de política Exterior, no conseguimos una salida para la política que desarrolló la pasada política de la AN”
A su juicio, no se reconocen los actos legislativos ante el desacato de la AN, privan las decisiones de la Sala Constitucional del máximo Tribunal del país, “pero eso es interno”, subrayó, ” eso no tiene efectos internacionales», dijo.
El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, explicó que con sus actos los anteriores miembros de la AN ocasionaron daños a la República.
“Se le hizo daño al territorio, los bienes, las relaciones financieras, comerciales y diplomáticas de Venezuela. Esta AN debe corregir los actos de facto que cometieron (Juan) Guaidó y su grupito de ladrones”, expresó durante su intervención.
El presidente de la AN destacó que van a un proceso de corrección, acatando plenamente todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y anulan efectivamente todos los actos del lustro anterior.
Rodríguez indicó que este acuerdo adquiere legalidad al ser aprobado, para de esta manera, poder defender a la República ante la comunidad internacional.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez ordenó publicar en la página web de la Asamblea Nacional el proyecto de acuerdo y comunicar a todas las instituciones del Ejecutivo Nacional el documento aprobado de manera unánime, anulando y revocando cada uno de los actos administrativos aprobados por la antigua Asamblea Nacional en desacato.
Desde la Asamblea Nacional 2016-2021, de mayoría opositora, se promovió la desestabilización del país con apoyo externo, con el intento de modificar el modelo de Estado establecido en la Constitución.
Fueron diversos los actos parlamentarios a través de los cuales se pretendió dictar acciones de gobierno, usurpando las funciones del Ejecutivo Nacional, entre otras ramas del Poder Público.
Por: Agencia