Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de México, informó que al menos 10 mil migrantes se encuentran en la Ciudad de México esperando una cita en la aplicación CPB One para cruzar hacia Estados Unidos.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, afirmó que el proceso para obtener una cita en la aplicación CPB One se ha vuelto cada vez más lento debido a los límites diarios impuestos por el gobierno de Estados Unidos, que rondan las 1.200 citas por día, una cantidad insuficiente para satisfacer la demanda y que ha generado un “cuello de botella” para quienes buscan solicitar asilo en la frontera.
Núñez explicó que el cálculo de personas esperando incluye a unas 7.000 personas que están alojadas en campamentos.
Destacó que algunas personas que cuentan con mayores recursos económicos, optan por alquilar cuartos u hospedarse en hoteles, incluso compartiendo el alojamiento con otras familias.
Según Núñez, actualmente siete albergues de la sociedad civil de la Ciudad de México están saturados y operando por encima de su capacidad con unas tres mil personas, además de que este año ya se han superado las 150 mil detenciones a migrantes.
Persecución y criminalización a migrantes
Núñez explicó además que el gobierno mexicano, en virtud de los acuerdos con Estados Unidos, está implementando acciones para evitar que más personas lleguen a la frontera y que se extiendan por el territorio mexicano.
En este sentido, aplican medidas como los retenes migratorios en las carreteras, en los cuales se les pide sus documentos y que comprueben su estancia regular en el país.
Aunque por presión de organizaciones de la sociedad civil la corte mexicana declaró inconstitucional que se impida la venta de boletos de transporte aéreo o terrestre a quienes no tengan una estancia regular en el país; esto sigue sucediendo sobre todo por parte de las aerolíneas.
Por este motivo, muchos se ven obligados a recurrir a medios alternativos de transporte, como el peligroso viaje en los trenes de carga que llaman “la bestia”, método que ha llevado a la muerte de varios migrantes o la pérdida de sus extremidades.
Núñez indicó que también se han reportado operativos de la Policía del Instituto Nacional de Migración y del ejército en las estaciones de llegada de los trenes, con el objetivo de detener a los migrantes y evitar su avance hacia la frontera con Estados Unidos.
“Están persiguiendo y criminalizando a las personas, aunque en la constitución y en las leyes mexicanas se establece que migrar sin documentos para una estancia regular en el país no es un delito, es solo una falta administrativa”, condenó Núñez.
Agregó que gracias a los esfuerzos de las organizaciones de sociedad civil la Corte Suprema de México aseguró que los puntos de revisión fiscal internos del país (no fuera de las fronteras terrestres y aéreas) son inconstitucionales porque los criterios que utilizan las autoridades para decidir a quienes les piden documentos, son discriminatorios.
Carencia de atención humanitaria
“No hay una política de atención que pueda dar una atención humanitaria a las personas, proveerles de documentos, aunque sea temporales, mientras esperan su cita para presentarse en Estados Unidos y eso que a su vez permita a las personas trabajar, encontrar un cuarto que puedan rentar. En fin, no resuelve las condiciones de las personas de fondo”, expresó Núñez.
Desde el Prami y en colaboración con las redes jesuitas de migrantes, organizaciones de la sociedad civil y diversas universidades, buscan lograr que el gobierno mexicano proporcione vías para una migración regular y se les garantice sus derechos humanos, que no dependen de su situación migratoria.
No obstante, Núñez admitió que no hay mucha disposición por parte del gobierno para trabajar en favor de los migrantes, por lo que habrá que ver qué pasará cuando haya un cambio de gobierno en México.
Por Agencia.