Afectados por el BOD, en su mayoría adultos mayores desplegaron sus pancartas en la sede del Ministerio Público en
Maracaibo, donde denunciaron «un exterminio sistemático» en su contra.
La representante de los jubilados Mariela Arrieta aseguró que ya muchos de ellos fallecieron y nunca recibieron la atención oportuna, debido a que les eliminaron el seguro de hospitalización. Es evidente que quitarle la salud a un jubilado es condenarlo a morir, «y esto no solo sería intencional por parte de la directiva del extinto banco, sino que es una clara violación de los derechos fundamentales».
Los ahorristas fueron esta vez fueron al MP para solicitar a la fiscalía 6 el sobreseimiento de la investigación, que tenían en su contra por supuestamente causar desorden en el sistema financiero, cuando simplemente protestaban por el pago de su dinero ahorrado durante toda una vida, según acusación por parte de los mismos directivos que hoy están siendo señalados como victimarios.
La doctora Violeta Gallardo, de 67 años señaló que «pensó usar el dinero para tener una vejez tranquila, hoy no puede porque nadie del BOD responde por sus ahorros».
Mientras tanto otros procesos judiciales avanzan, en la fiscalía 77 varias víctimas, naturales y jurídicas, una de ellas la empresa Dragasur, ya solicitaron la imputación a Víctor Vargas Irausquin, Antoneido Ferrer Moller y Eva Zoraida
Lugo. La investigación número MP-151.456-2022.- solicita juicio contra los señalados por los delitos de, estafa Continuada, prevista en el artículo 462 del Código Penal, Captación Indebida, prevista en el artículo 212 y Asociación para Delinquir, prevista en el artículo 37 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo.
Advirtieron que existen elementos más que suficientes para imponer a los antes mencionados de los delitos, en especial a Victor Vargas Irausquin, ya que el gobierno de Panamá hizo la solicitud a Interpol, con orden de extradición en su
contra por los delitos de fraude bancario y financiero, según consta en la investigación. También instarán a organismos internacionales a que revise la situación de todas las victimas del BOD en el país, que se estima esté por el orden de las 16 mil personas distribuidas en los estados de Venezuela.
Solo esperan por un pronunciamiento del fiscal general de la república Tarek William Saab quien tiene en sus manos la posibilidad no solo de hacer justicia, contra los ciudadanos Victor Vargas Irausquin, Antoneido Ferrer Moller y Eva Zoraida Lugo, respectivamente, sino que también cancele de manera oportuna el dinero a las víctimas, quienes solicitaron la imputación por ante la Fiscalía 77.
Tanto los jubilados como los ahorristas coinciden en un argumento, que la directiva del banco viola en la actualidad derechos humanos suscritos por el país, ya que el patrimonio familiar financiero, su dinero y el trabajo acumulado durante décadas, fueron simplemente pisoteados por la directiva principal del banco occidental de descuento y advierten que, instituciones que velan por el cumplimiento de los DDHH ya están en conocimiento de todas estas irregularidades que se denuncian desde hace algunos años y que no tienen respuesta alguna.
Por Nota de Prensa