Diversos representantes de los adultos mayores en Venezuela ofrecieron rueda de prensa este 1 de octubre en diferentes ciudades del país, con el propósito de reiterar las exigencias que vienen solicitando desde hace varios años. La manifestación pública se organizó para que coincidiera con la conmemoración del Día Internacional del Adulto Mayor, fecha que el sector utilizó para visibilizar el abandono institucional que padecen y la urgencia de respuestas concretas por parte del Estado venezolano.
En el Zulia la concentración se realizó en la sede del Sindicato de Obreros de Educación y Cultura de la Gobernación del Zulia (SAOSEGEZ) y fue programada por la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (FENAJUPV) la Unidad Nacional de Acción Social Sindical y Gremial del Zulia (UNASSGZ) la Fundación Nación de Pensionados, Jubilados, Discapacitados, Personas de la Tercera Edad y la ONG Por Una Vejez Digna.
Salarios devaluados y pérdida del poder adquisitivo
La primera denuncia central se enfocó en la parálisis de los ingresos. Desde el último incremento del salario mínimo a 130 bolívares, en el año 2022, el monto de la pensión no ha sufrido modificaciones reales. Hoy en día dicho ingreso equivale a escasos centavos de dólar, que no permiten adquirir ni los productos más elementales.
Según los voceros, esta situación transgrede de forma directa los artículos 80 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales obligan a indexar el ingreso a la canasta básica. En su lugar, el Ejecutivo ha aplicado la política del ingreso integral a través de bonificaciones que no generan pasivos, ni garantizan estabilidad económica.
Incumplimiento sistemático del marco legal vigente
Los voceros señalaron que existe un marco legal robusto que es ignorado por las autoridades. Denunciaron el desacato de la Ley de Servicios Sociales de 2005, la Ley de Seguridad Social del mismo año, la Ley del Bono de Alimentos y Medicinas de 2016 y la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores aprobada en 2021.
Asimismo, mencionaron el incumplimiento de la Ley de Protección de las Pensiones de 2024, norma que obliga al sector privado a aportar hasta el 15% del total de los pagos salariales y extrasalariales. A esto se suma el desprecio recurrente por los decretos de pasaje preferencial, lo que configura un patrón de discriminación y violación continua de los derechos humanos.
Crisis eléctrica y colapso del transporte público
La falla estructural del Sistema Eléctrico Nacional representa otra calamidad cotidiana. En el estado Zulia, los cortes diarios de seis o más horas torturan a la población en general, afectando con mayor severidad a los enfermos crónicos, lactantes y personas de la tercera edad. Los voceros afirmaron que existen proyectos y recursos para independizar energéticamente al Zulia del Guri, pero falta voluntad política para ejecutar las soluciones.
Finalmente, el sector advirtió sobre el colapso del transporte público. Las unidades se encuentran en mal estado y el trato hacia el usuario es deficiente. La hiperinflación desvaloriza el pasaje para los conductores y lo vuelve impagable para los ciudadanos. A pesar de contar con propuestas técnicas para resolver la crisis, los representantes lamentaron que las instituciones públicas mantengan una postura de oídos sordos ante sus planteamientos.
Por: Nota de prensa