Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, fue acusado por el fiscal especial David Weiss en relación con un arma que compró en 2018.
Los tres cargos que enfrenta son mentir en un formulario oficial al comprar un arma, mentir a un comercializador de armas y posesión ilegal de armas.
La acusación representa un giro extraordinario en el caso, después de que su acuerdo de culpabilidad inicial fracasara y planteara potencialmente un juicio dramático en medio de la carrera de su padre por la reelección para 2024.
La Casa Blanca creía que el drama legal de Hunter Biden terminaría este verano boreal. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad alcanzado con Weiss para resolver el asunto sin cargos no logró la aprobación de una jueza federal. Y esta semana, republicanos de la Cámara de Representantes también anunciaron una investigación de juicio político contra el presidente Biden en relación con los negocios Hunter, reseñó CNN en Español.
Los documentos judiciales muestran que este jueves se emitió una citación para que Hunter Biden comparezca ante el tribunal en una audiencia inicial de cargos, aunque no está claro cuándo y dónde se realizaría.
Hunter Biden se encuentra actualmente en California, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto, y agregó que cualquier plan para una entrega voluntaria o comparecencia inicial, incluida la fecha y el lugar, aún debe acordarse.
Compra de armas en 2018
Los problemas legales de Hunter Biden relacionados con las armas tienen que ver con un arma de fuego que compró en octubre de 2018. Mientras compraba un revólver en una armería de Delaware, mintió en un formulario federal al jurar que no estaba usando ni era adicto a ninguna droga ilegal –a pesar de que estaba luchando contra la adicción al crack en el momento de la compra—.
Mentir en el formulario ATF o poseer un arma de fuego siendo consumidor de drogas son delitos federales. (Hunter Biden tuvo el arma en su poder durante aproximadamente 11 días en 2018). Los fiscales dijeron anteriormente que el plazo de prescripción para algunos de estos delitos expirará en octubre.
El abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, dijo anteriormente que el acuerdo anterior sobre armas con los fiscales «impide que se presenten cargos adicionales» y que su cliente «cumplió con las condiciones de liberación bajo ese acuerdo». Los fiscales, sin embargo, dicen que ese acuerdo nunca entró en vigor.
Weiss encabeza la investigación contra Hunter Biden desde finales de 2018. A lo largo de los años, su equipo investigó posibles delitos graves de evasión fiscal, cabildeo extranjero ilegal, lavado de dinero y otros asuntos, en gran medida relacionados con los negocios de Hunter Biden en el extranjero.
La investigación parecía estar llegando a su fin en junio, cuando Weiss anunció un acuerdo doble en el que Hunter Biden se declararía culpable de dos delitos fiscales federales menores y celebraría un «acuerdo de desvío». En él, el cargo por posesión de armas se retiraría en dos años si Hunter Biden pasaba pruebas periódicas de detección de drogas y se mantenía al margen de problemas legales.
Pero en una sorprendente audiencia judicial en julio, los acuerdos colapsaron bajo el escrutinio del juez federal que supervisaba el caso. Las dos partes intentaron renegociar un acuerdo, pero las conversaciones llegaron a un punto muerto y el secretario de Justicia de EE.UU. Merrick Garland elevó a Weiss a la categoría de fiscal especial en agosto, lo que supuso una escalada importante en la investigación.
Además del caso de las armas, Weiss todavía está sopesando si acusar a Hunter Biden por delitos fiscales. Dijo en un expediente judicial el mes pasado que «ahora está en orden un juicio» sobre los delitos fiscales y que «podría presentar cargos fiscales» posiblemente en California o en la ciudad de Washington.
Uno de los cargos enfrenta un grave peligro constitucional
La ley de posesión de armas de la que se acusa a Hunter Biden ya se encuentra en un terreno legal inestable después de un fallo de agosto de un tribunal de apelaciones que cubre tres estados del sur del país que declaró inconstitucional el estatuto.
El mes pasado, un tribunal federal de apelaciones con sede en Nueva Orleans anuló la ley de décadas de antigüedad, diciendo que violaba la Segunda Enmienda en un caso relacionado con un hombre que fue condenado en virtud de ella en 2022.
«En resumen, nuestra historia y tradición pueden respaldar algunos límites al derecho de una persona intoxicada a portar un arma, pero no justifica desarmar a un ciudadano sobrio basándose exclusivamente en su consumo de drogas en el pasado», escribió el juez de circuito Jerry Smith, designado por Ronald Reagan para el panel de tres jueces. «Las tradiciones más generalizadas para desarmar a las personas peligrosas tampoco respaldan esta restricción a los consumidores de drogas no violentas».
El fallo del Quinto Circuito, que supervisa Luisiana, Mississippi y Texas, significa que otros acusados condenados conforme a la ley en esos estados podrían tratar de presentar nuevas impugnaciones de sus condenas, pero no eso tiene ningún impacto legal en el caso de Biden, que fue presentado Delaware.
Por: Agencia