La directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, denunció este lunes 9 un «sistema de justicia completamente secuestrado por el poder político», encabezado por el gobernante Nicolás Maduro, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).
El sistema de justicia venezolano «no cumple su rol y respalda las acciones arbitrarias del partido de Gobierno, quien está en el poder sin alternancia desde hace más de 20 años», dijo Louza durante su participación en la revisión sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Venezuela.
La abogada destacó que no existe una separación de poderes ni Estado de derecho en el país, con jueces, fiscales y defensores públicos que acatan órdenes del Ejecutivo y forman parte de la «represión estatal». Esto ha sido denunciado en informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de Hechos, dos mecanismos independientes que trabajan con el Consejo de DDHH.
A su juicio, esta situación «ha convertido los abusos contra los derechos humanos en generalizados y sistemáticos. Ello ha sumido al país en una emergencia humanitaria compleja, por lo menos desde 2015».
También criticó la creación de tribunales con competencia en terrorismo en 2014, que se han instrumentalizado para juzgar a opositores políticos o aquellas personas que la administración Maduro perciba como tales. Mencionó los casos del activista Javier Tarazona, los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión el pasado agosto, así como la situación del estudiante John Álvarez, quien perdió la visión en uno de sus ojos producto de las torturas durante su detención, detalla Tal Cual.
Sobre el tema de las torturas, Louza recordó la reciente disposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde se reduce a un asunto administrativo y no penal «para evitar enjuiciar a los responsables. Juezas y jueces tampoco responden adecuadamente a denuncias de tortura o habeas corpus».
La directora de Acceso a la Justicia señaló que el gobierno de Maduro atribuye el incumplimiento de sus obligaciones en derechos humanos a las sanciones, pero la «falta de independencia del sistema de justicia y de la Defensoría del Pueblo no se relacionan» con estas medidas. «Se trata simplemente de cómo se ejerce el poder en Venezuela: sin voluntad política de querer cambiar esta realidad de indefensión generalizada y abuso sistemático del poder».
Por: Agencias / Foto: Cortesía