Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a la Justicia, expresó su preocupación por las implicaciones de la ley para regular a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país, ya que esta legislación no solo afectaría a las ONG, sino también a la sociedad civil en general.
“Se refiere a cualquier organización, sin importar su forma jurídica, que sea sin fines de lucro y además se refiere a cualquier organización de este tipo sin importar sus objetivos; es decir, el proyecto de ley es muy amplio”, dijo Louza durante una entrevista en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.
Advirtió que podría incluir a instituciones como colegios privados, centros especializados como la Alianza Francesa y el Centro Venezolano Americano, así como Fundación Polar o Fedecámaras.
“Ley antisociedad”
Louza calificó esta legislación como una “ley antisociedad”, argumentando que podría llevar a la desaparición o intervención estatal de numerosas oenegés.
“Hay que tratar de que no se apruebe porque es una ley que no tiene ni razón de ser, no es acorde a nuestro ordenamiento jurídico, ni a los estándares internacionales ni va a traer nada positivo”, resaltó.
La directora de Acceso a la Justicia explicó que en caso de aprobarse, las ONG deberán registrarse nuevamente y pedir permiso en cada estado que quieran llevar ayuda humanitaria, lo que dificultará sus operaciones y su prestación de servicios a los ciudadanos más vulnerables.
Señaló que la intervención pública directa en los estatutos de las organizaciones podría obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas.
“Si usted es una víctima, ¿cómo va a poder denunciar si allí está un funcionario público que a lo mejor es el que le violó sus derechos?”, agregó.
Irregularidades cometidas por el gobierno
Por otro lado, denunció prácticas previas del gobierno para impedir el registro o actualización de actas de las ONG, lo que había llevado a situaciones irregulares y dificultades para realizar transacciones financieras sin fines de lucro.
En cuanto a las inhabilitaciones políticas, Louza subrayó que deben publicarse completas las sentencias para conocer las razones de su decisión y por el debido proceso legal.
Criticó la falta de transparencia en el sistema judicial venezolano y señaló que los tribunales no estaban aplicando adecuadamente los parámetros legales.
Por Agencia.