La Constitución reza que el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, pero a Daniela Geraldine Figueredo Salazar, de 19 años, la mataron mientras estaba detenida en los calabozos de Polizamora, en el estado Miranda.
Sus compañeras de celda denunciaron que policías activos y un funcionario que está preso las obligan a tener sexo con ellos. Relataron que el 13 de marzo un grupo de guardias entró a las celdas: “uno le mostró la pistola a Daniela y cuando la apuntó, se le escapó el tiro”.
Magally Huggins, coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad (UVL), señaló la primera irregularidad en este caso. Las leyes establecen que las y los custodios de prisiones o centros de detención preventiva no pueden entrar armados a las celdas, como medida de seguridad, según reseña Efecto Cocuyo.
“Además, ahí no había motín, no había protesta, no había ninguna causa justificada para que ellos entraran armados”, destacó.
La Policía científica detuvo por el hecho al oficial Daniel Alexander Galarraga Ortega, de 24 años. La versión del cuerpo de seguridad es que lo ocurrido fue un accidente.
“Pero, ¿cómo pueden saber que fue un disparo accidental?”, se preguntó Huggins. Agregó que “solamente la experticia de la investigación, la experticia criminalística podrá demostrar si fue accidental o fue intencional, por eso se necesita la averiguación…no estamos acusando a la libre, estamos clamando por justicia porque ese señor y su grupo que entraron a esa celda no tenían que entrar ahí armados”, detalló.
La criminóloga y psicóloga social recalcó que “Daniela era una persona con derechos humanos que fueron violentados hasta llevarla a la muerte”, e instó a la ciudadanía, especialmente a las mujeres, a mantener el caso sobre el tapete para que se haga justicia.
Condiciones denigrantes
La investigadora de UVL señaló que las mujeres privadas de libertad están en las mismas condiciones que los hombres: están hacinadas, enfrentan un alto riesgo de contaminación de enfermedades infectocontagiosas, respiratorias, incluyendo el COVID-19, y reportan casos de desnutrición.
Son afectadas por la suspensión de las visitas de sus familiares, quienes les llevan comida, alimentos y productos de higiene que no les garantizan en los calabozos: “cuando tienen la menstruación están todas empatucadas o andan con trapos sucios que lo que le provocan son infecciones”.
Pero además los casos de acoso y abuso sexual son una situación más común de lo que se piensa, advirtió Huggins.
“A las mujeres les cobran por sus derechos con sexo, a las mujeres para mantener seguridad dentro de un calabozo le piden pagar con sexo, a las mujeres para ir a ejercer su derecho a presentarse ante un tribunal le cobran con sexo, eso lo denunció una monja en 2018 de la cárcel del Inof», agregó.
La feminista condenó la impunidad que prevalece en estos casos. “Las mujeres detenidas son las más invisibles… Pero, es que, si las violan en la calle y no hacen nada, ¿qué le van a parar a las que están adentro?”, expresó.
Señaló que las sanciones sí funcionan para establecer los límites, y refirió el testimonio de unos custodios que alegaron no meterse en problemas de maltrato, luego de que a un compañero funcionario lo condenaron a 17 años de prisión por torturar a un privado de libertad.
“El cuerpo de una mujer protegida por el Estado porque está bajo custodia no es un objeto que cada guardia pueda usar a su antojo”, sentenció la investigadora. Eso, dijo, es en lo que hay que insistir y la sociedad civil tiene una responsabilidad en esta lucha.
Denuncia internacionales
El diputado y presidente de la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional electa en 2015, Williams Dávila, anunció el martes 16 de marzo que denunciará ante la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, y ante la Relatora Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), el asesinato de la joven Daniela Figueredo.
Dávila sentenció que este hecho evidencia que en Venezuela no existe política carcelaria y responsabilizó a la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, de haber acabado el sistema, reseñó el sitio web de la AN de 2015.
“Aquí se ha creado la cultura de la violencia, el lenguaje del odio y sobre todo, aquí han querido pisotear la condición de ciudadano por una supuesta jerarquía de seguridad del Estado y funcionarios”, condenó y agregó que el Gobierno de Nicolás Maduro “es un régimen machista que viola los derechos de las mujeres venezolanas, libres o privadas de libertad”.
Con Información de Nota de Prensa