Los diversos cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela fueron culpables de, al menos, mil 414 ejecuciones durante el año 2021, menos de la mitad que en el año anterior, según un informe presentado este lunes por dos organizaciones no gubernamentales del país caribeño.
La cifra representa una reducción de mil 620 ejecuciones con respecto al 2020, cuando se registraron unos tres mil 34 «asesinatos», puntualizan el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas Centro Gumilla.
«Hay un descenso de más del 50 por ciento (…) parece positivo la reducción, pero es todavía una cifra muy letal. Lo ideal en un Estado de derecho es que no haya ejecuciones extrajudiciales, y mil 414, aunque en relación con el 2020 sea bastante reducida la cifra, sigue siendo alarmante y letal», indicó, en rueda de prensa, Alfredo Infante, coordinador de DDHH de Centro Gumilla.
En este sentido, el coordinador de Provea, Marino Alvarado, sostuvo que la cifra «sigue siendo muy elevada» y «refleja la alta letalidad con el que siguen actuando los organismos policiales y militares en el país».
«Se ratifica que estamos frente a una política de Estado, cuando el Estado tiene voluntad de controlar a sus organismos policiales, de orientarlos, se pueden lograr resultados como el del 2021, que en tan poco tiempo haya habido una reducción tan significativa», agregó.
De las mil 414 ejecuciones, el 99 por ciento fueron hombres y el uno por ciento restante mujeres.
«Recientemente, la organización Cepaz presentó el informe sobre feminicidio en Venezuela, donde totalizaba 290 víctimas (en 2021), y en nuestro monitoreo aparecen 14 víctimas mujeres, es decir, que de los 290 feminicidios, cinco por ciento están como presuntas ejecuciones extrajudiciales», detalló Infante.
El coordinador del Centro Gumilla precisó que la instancia policial con «mayor letalidad» en 2021 fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), siendo responsable de 347 ejecuciones, desplazando así a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), autor en 2020 de la mayoría de las muertes.
Según Infante y Alvarado, «gracias» a los informes elaborados por distintas organizaciones, por la Misión de Determinación de los hechos sobre Venezuela y a los que ha presentado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en los que pide la disolución de las Faes, este cuerpo ha «reducido su letalidad«.
Al Cicpc, le siguieron en 2021 la PNB, con 198 ejecuciones, de las cuales las FAES fueron autores de 111; y prosiguen la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 152 casos; las policías municipales, con 119 asesinatos; y en operativos de actuación mixta, donde se documentaron 139 casos, siempre según las ONG.
El 100 por ciento de las víctimas fueron de sectores populares, lo que, a juicio de Infante, indica que los barrios están «sometidos» a un continuo «caracazo», refiriéndose a las protestas populares de febrero de 1989 duramente reprimidas por el Gobierno y en las que «se ejecutó a gran parte de la población de los sectores populares».
«Hoy, esa política sigue a través de las ejecuciones extrajudiciales y de los operativos», aseveró.
Las ONG indicaron que se ha evidenciado un «marcado y creciente desplazamiento interno de familias enteras» en algunas zonas populares, principalmente de Caracas, durante y posterior a la ejecución de estos procedimientos policiales.
Denunciaron, además, que hay una «situación estructural de impunidad», debido a que «tanto la fiscalía como la Defensoría, en muchos de los casos, no han abierto investigaciones pertinentes».
Por: Agencias / Foto: Cortesía