El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) denunció que entre 2013 y 2021, 32 defensores de los derechos ambientales del territorio venezolano han sido asesinados, según reportó en su informe «El aire huele a mal: situación de personas defensoras del ambiente y el territorio en Colombia y Venezuela», publicado este martes por la ONG Provea.
El informe señaló que del total de víctimas, «21 han sido asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)», reseña EFE.
Odevida computó un total de 80 casos de defensores de derechos ambientales en Venezuela que «han sido víctimas de la violencia y la represión».
El documento detalló que, «del total, 25 (31 %) han sido detenidos arbitrariamente, 11 (14 %) han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 21 (26 %) víctimas de asesinatos selectivos, 9 (11 %) víctimas de secuestros, y 14 (18 %) de amenazas».
«La regionalización de los ataques que afectaron a los defensores de derechos ambientales y del territorio coinciden claramente con aquellas zonas donde se desarrollan los conflictos socio ambientales más graves que afectan a Venezuela», indicó la ONG.
Además, Odevida aseguró que no solo los defensores del medioambiente y el territorio han sido víctimas de la violencia, sino también la población civil e indígena que habita en los territorios afectados por la minería.
Municipios mineros
«Desde 2008, ha habido un incremento vertiginoso de muertes violentas en los denominados municipios mineros del estado Bolívar, entre ellos el Callao, Sifontes, Roscio y Piar», apuntó la ONG.
La organización enfatizó en que la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas diagnosticó que el país «no ha adoptado medidas tangibles, concretas ni progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos».
Odevida instó al Gobierno a respetar los tratados internacionales y acuerdos que defienden los derechos ambientales y de la población indígena, a tomar medidas para el control de actividades mineras legales e ilegales y a reparar a las víctimas de hechos violentos en torno a la defensa ambiental.
Por Agencia