Hace cinco años se silenciaron los fusiles de más de 13.000 guerrilleros que formaban parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cerrando un ciclo de violencia de más de medio siglo que dejó millones de víctimas.
La conmemoración del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC se realizaba el miércoles en Colombia con la participación del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el seno de las instituciones creadas para buscar justicia y reparación: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Guterres llegó a Colombia para enviar un mensaje de aliento a la continuidad del acuerdo de paz, al que le restan al menos 10 años para implementarse totalmente.
“La paz requiere enfrentar el sufrimiento del pasado y la reconciliación es el único camino a una paz estable, duradera”, dijo Guterres la víspera en Apartadó, un territorio históricamente afectado por el conflicto en el que se llevó a cabo un acto conmemorativo en el que estuvieron presentes tanto las víctimas como los excombatientes.
En su propia voz las víctimas del conflicto reclamaron reparación. Diana Sofía Martínez, quien busca a su padre Edwin Martínez desde hace 20 años -cuando fue retenido por las FARC-, dijo estar cansada de la burocracia que desgasta a las víctimas, que los hechos de desaparición siguen ocurriendo y que son “cada vez más lejanas” las garantías del Estado para dar el salto al posconflicto, aunque se mostró confiada en encontrar a los 100.000 desaparecidos.
El acuerdo de paz en Colombia sufrió un revés antes de su puesta en marcha en 2016. El entonces presidente Juan Manuel Santos decidió someterlo a votación para darle validez ciudadana. Sin embargo, los resultados fueron negativos: el 50,2% votó por el No y el 49,7% por el Sí, mostrando una división que después de cinco años continúa en un sector de la población.
En una misiva dirigida a Guterres y difundida el miércoles, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder del Centro Democrático y principal opositor de los acuerdos firmados con las FARC, reiteró su posición. “Acuerdo de paz no ha habido. Simplemente se fracturó la legislación nacional y se desafió la internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores”, indicó.
El expresidente Santos (2010-2018) se refirió a dicha oposición en el evento: “El tren de la paz que tantos y tantas han querido detener sigue su curso”. Indicó que aunque falta una buena parte del acuerdo por implementar, el balance tras cinco años es positivo, muestra de ello -a su juicio- es que el 95% de los excombatientes continúan en la legalidad y sólo una minoría ha desertado para delinquir.
Al firmar el acuerdo con el gobierno las extintas FARC se acogieron a un sistema de justicia transicional en el que se comprometieron a aportar verdad sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra a cambio de una sanción que debe ser consultada con las víctimas y puede incluir restricciones efectivas de la libertad sin cárcel. Sin embargo, los comparecientes que no reconozcan la verdad o lo hagan de manera tardía podrían purgar hasta 20 años de cárcel.
“Insistimos en pedir perdón a las víctimas. La comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y vergüenza”, dijo Rodrigo Londoño, último jefe de las FARC y ahora líder del partido político que conformaron. “No han sido fáciles estos años por cuenta de los incesantes ataques contra el acuerdo y la falta de voluntad del Estado… aun así nada ni nadie podrán minar nuestra convicción de que el camino emprendido es el correcto”, agregó.
Por Agencia