Cuando te asocias a delincuentes y terroristas, nada bueno puedes esperar. Eso es lo que está pasando en Apure y eso es lo que pasó recientemente en la Cota 905.
Grupos delincuenciales y criminales que reciben el amparo y la licencia del régimen de Nicolás Maduro para compartir ganancias del narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, extracción de oro y de minerales valiosos, hoy están haciendo de las suyas, amenazando poblaciones enteras, controlando territorios, robando y asesinando venezolanos, sin que nadie los detenga, porque los únicos que podían hacerlo, se convirtieron en sus cómplices y socios.
Esa es la verdad de Venezuela. Acá no hay ningún combate al terrorismo, ni a la delincuencia, ni mucho menos defensa de la soberanía. Porque defender la soberanía va en contra de los intereses y los negocios. Se trata de una guerra a cuartel para dar cumplimiento y defender, las órdenes de Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, socios de Nicolás Maduro Moros y Vladimir Padrino López.
No es ningún secreto que las FARC – EP desde hace años operan en territorio venezolano a través de diversas células, muchas de ellas, enfermas de poder, dinero y sangre, que ya no atienden órdenes de sus cabecillas Márquez y Santrich, quienes en su empeño de meterlos de nuevo a su carril y recuperar el control, han ordenado a Padrino López a apoyarlos, con fuerza y fuego, para proteger su corporación delictiva.
Y la destrucción con explosivos de la sede de la Aduana Subalterna del Seniat y del Punto de Control de la GNB, situados en la población de La Victoria, municipio Páez, es respuesta a esa guerra interna por el control.
Una guerra de las disidencias de las FARC con consecuencias humanitarias sin precedentes y ante la cual, el gobierno colombiano expresó su preocupación ante el incremento de desplazados hacia su territorio.
Desplazamiento que supera la cifra de tres mil apureños que, a la fuerza, han tenido que dejar sus tierras huyendo de estos combates que involucran a grupos irregulares y a las Fuerzas Armadas venezolanas.
Una guerra que ha dejado como recientes víctimas a dos soldados venezolanos que murieron, como carne de cañón, en medio de estos combates que se están registrando en la franja fronteriza, tierras que han sido sembradas de minas antipersonales, y nadie ha dicho nada.
El gobierno de Colombia y organizaciones defensoras de derechos humanos, como HRW y Amnistía Internacional, se han sumado al concierto de voces de la comunidad internacional para poner el foco en la situación en el Arauca, mientras que el régimen venezolano, guarda el más ensordecedor y cómplice silencio.
Ni el Fiscal General del régimen, ni mucho menos, el Defensor del Pueblo, ni los ilegales diputados han denunciado el ataque terrorista de La Victoria y los desplazamientos forzosos que allí, por el río Arauca, se están registrando. Y no hablan porque no les interesa el tema de los desplazados, ni los apureños, no les interesan los venezolanos, su único interés es el poder, sus negocios ilícitos y el dinero.
Lo que estamos viviendo en Apure es la consecuencia directa de la protección que Nicolás Maduro Moros le ha concedido desde siempre al narcoterrorismo. Él es el principal responsable de ese ataque con explosivos al Punto de Control de la GNB en Apure, del asesinato de dos soldados venezolanos, de la presencia de minas antipersonales en la frontera y de la libre operación de las FARC en nuestro territorio.
Hoy las FARC mantienen sitiado al estado Apure, miles de venezolanos están siendo desplazados hacia Colombia, y el régimen no está haciendo absolutamente nada para contrarrestar esta grave situación. Esa es la verdad, fue Maduro quien permitió que Venezuela se convirtiera en territorio FARC.
Por Lester Toledo