El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela modificó la estructura de los tribunales con competencia en terrorismo a nivel nacional, que se centralizaba en Caracas, y reasignó la evaluación de este delito a todos los juzgados de control del país.
Concretamente, suprimió la competencia a cuatro tribunales que ejercían esta función en Caracas y transfirió el conocimiento de estas causas a los juzgados de control del país, según una resolución del TSJ con fecha del pasado martes, pero difundida este viernes.
«No se están eliminando a los tribunales de terrorismo. Lo que ocurrió es que los tribunales de control que estaban concentrados en Caracas pierden su competencia en terrorismo y esa competencia se pasa a los tribunales estadales», explicó a EFE el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
Daniels subrayó que los juzgados de terrorismo no deberían existir «porque la ley no los creó», sino que «fueron creados por vía sublegal», por lo que considera que «son una violación al principio de legalidad en materia de creación de tribunales».
«Lo que hemos pedido es que todos esos juicios que llevan esos tribunales ilegales e inconstitucionales sean nulos», manifestó el abogado.
Pese a esto, valoró que ahora los familiares de las personas relacionadas con presuntos delitos de terrorismo no se tengan que desplazar a Caracas para la fase inicial y de control del juicio.
«Es una medida positiva, pero no es ni lejanamente una decisión cercana a la justicia o que solucione el problema de los tribunales contra el terrorismo», apuntó.
La decisión del Supremo llega justo cuando se desarrolla un diálogo entre el chavismo y un sector opositor que, entre otros temas, busca cambios institucionales, enfocados, en principio, en el sistema de justicia.
El delito de terrorismo fue imputado a una gran cantidad de personas tras las presidenciales de 2024, quienes fueron acusadas de vandalismo y violencia, y calificados por el entonces fiscal general, Tarek William Saab, como terroristas en medio de una crisis poselectoral.
Ese año, el abogado Joel García dijo a EFE que a los detenidos se les imputaba «por igual» el delito de terrorismo, pero no se individualizaban las conductas. Esto, añadió entonces, contravenía uno de los principios básicos del derecho, que establece que la responsabilidad penal es individual.
Asimismo, dijo que la acusación de terrorismo era «un patrón sistemático y generalizado» contra la población disidente al Gobierno entonces presidido por Nicolás Maduro, quien fue proclamado en 2024 como ganador de las presidenciales por un ente electoral controlado por rectores afines al chavismo y que no publicó los resultados detallados, como exigía su propio cronograma.
En este contexto, García consideró que la legislación venezolana en materia de terrorismo «es muy precaria», pues se incluyen varios actos de este tipo, como «atentados contra la vida de alguien» o la «interrupción del suministro de agua», y es un delito «amplio» en el marco jurídico.
Por: EFE