La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó este miércoles la solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de reformar la criticada ley contra el odio y exigió su derogación «inmediata».
«Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito. Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales», dijo en un comunicado.
La alianza, que apoya a la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado, aseguró que Venezuela «no necesita una versión corregida de una herramienta de persecución», sino «desmontar el marco jurídico que ha permitido utilizar al Estado contra quienes piensan, opinan o disienten».
«La libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias o persecución. No se reforma la represión: se desmonta», expresó.
Por tanto, señaló que la derogación «debe ser un paso concreto hacia la restitución de las libertades civiles y políticas, la recuperación del Estado de derecho y las garantías democráticas de todos los venezolanos».
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió esta semana al Parlamento, controlado por el chavismo, reformar la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada por Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, y promovida en su momento por la propia líder chavista.
Esta norma, que contempla la prisión de diez a veinte años a quien «fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia», ha sido señalada por organizaciones y por la oposición como parte del «marco legal represivo» aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.
Según datos de la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, 927 personas fueron acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación de la ley, en 2017, de las cuales seis siguen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.
Por: EFE