La administración de Donald Trump pidió este martes a un tribunal federal de apelaciones que ponga fin a la investigación por posible desacato iniciada contra funcionarios del Gobierno por la deportación de venezolanos a El Salvador en 2025. Argumentó que el juez James Boasberg se excedió en sus atribuciones.
El Departamento de Justicia presentó sus argumentos ante el pleno de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que analiza si Boasberg puede continuar investigando las circunstancias que rodearon los vuelos de deportación enviados a El Salvador pese a una orden judicial que buscaba detenerlos.
La audiencia se prolongó durante tres horas y varios jueces cuestionaron la posición del gobierno.
El caso se originó en marzo de 2025, cuando la administración Trump deportó a ciudadanos venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele, mientras Boasberg celebraba audiencias para determinar la legalidad de las expulsiones.
El gobierno ha sostenido que no incumplió la orden judicial. Boasberg, por su parte, inició una investigación para determinar qué ocurrió y quién tomó las decisiones que permitieron que los vuelos continuaran.
Ante los jueces, el fiscal general adjunto Brett Shumate sostuvo que el magistrado no tiene autoridad para realizar una investigación criminal y que esa función corresponde al Departamento de Justicia.
“Lo que se ha desviado en este caso es que el tribunal de distrito ha pretendido investigar”, afirmó Shumate. Añadió que corresponde a los fiscales determinar quién podría ser responsable, identificar a los posibles investigados y reunir las pruebas.
Los jueces cuestionan al gobierno
Varios magistrados del tribunal expresaron dudas sobre los argumentos de la administración. La jueza Patricia Millett preguntó por qué Boasberg no podría continuar recopilando información para determinar si otros funcionarios deben ser investigados por un posible desacato.
La jueza Cornelia Pillard también cuestionó las consecuencias de permitir que el Poder Ejecutivo trate las órdenes judiciales como si fueran opcionales. Preguntó a Shumate si el planteamiento del gobierno significaría que los tribunales quedan a merced del Ejecutivo.
La administración, en cambio, sostiene que Boasberg ha adoptado una postura “antagónica” y que su investigación invade la autonomía del Poder Ejecutivo, particularmente en asuntos relacionados con seguridad nacional y política exterior.
El conflicto llegó previamente ante un panel de tres jueces del mismo circuito, que en abril había ordenado detener la investigación por una votación de 2-1. El pleno del tribunal decidió posteriormente revisar el caso.
La ACLU pide que continúe la investigación
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa a los venezolanos deportados, pidió a los jueces permitir que Boasberg continúe con las pesquisas.
El abogado Lee Gelernt sostiene que la investigación es necesaria para determinar qué funcionarios decidieron continuar con las deportaciones y si lo hicieron deliberadamente después de conocer la orden judicial.
La ACLU considera que cerrar el caso impediría determinar cómo se tomaron las decisiones que llevaron a los venezolanos al CECOT y enviaría un mensaje sobre el alcance de las órdenes judiciales frente al Poder Ejecutivo.
Los venezolanos enviados a El Salvador fueron posteriormente liberados de la prisión y trasladados a su país de origen como parte de un intercambio negociado por Estados Unidos.
Por: Agencia