La Federación Venezolana de Maestros (FVM) denunció este jueves que la mayoría de los centros escolares del país están afectados por problemas de servicios básicos y estructurales que, aseguró, se vieron agravados tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, y exigió una evaluación técnica.
«Gran parte de las instituciones educativas del país no están en condiciones de albergar a la población estudiantil ni a los trabajadores», dijo la presidenta de la federación, Carmen Teresa Márquez, al leer un comunicado sobre el inicio del año escolar el próximo lunes.
«Denunciamos que la mayoría de los centros escolares del país carecen de servicios básicos indispensables, agua potable, electricidad y saneamiento y sufren la falta estructural de mantenimiento preventivo y correctivo», una situación «peligrosamente agravada» luego de los sismos de junio, añadió Márquez.
Por ello, el magisterio exigió una «evaluación técnica urgente e integral de la planta física escolar por parte de los organismos de gestión de riesgo antes de autorizar el ingreso a las clases».
Los maestros consideran «inaceptable» que se abran los planteles solo por «cumplir» con el calendario escolar que, según dijeron, debe iniciar el 16 de septiembre y no el 14, como está convocando el Ministerio de Educación.
«Es urgente realizar inspecciones técnicas que garanticen espacios dignos, habitables y seguros antes de recibir a estudiantes y trabajadores», insistió.
El Gobierno informó el pasado 25 de agosto que, de un total de 27.000 escuelas en todo el país, 900 habían sido afectadas por los terremotos, 11 de ellas colapsadas, y anunció la reubicación a otros colegios de alumnos que estudiaban en 91 centros que sufrieron daños importantes.
Sin embargo, la federación asegura que no existe un informe técnico y público del estado de las escuelas y rechazó la reubicación de los alumnos, al advertir que no ha sido acordada con las comunidades.
El gremio también denunció la situación salarial del personal educativo público que, explicó, se rige por el sueldo mínimo mensual de 130 bolívares (0,15 dólares, según el tipo de cambio oficial) y la bonificación equivalente a 240 dólares que otorga el Gobierno desde mayo pasado.
«La política del Gobierno ha sido la bonificación y nosotros no queremos bonificación», concluyó Márquez.
Por: EFE