Un juez de Bogotá ordenó este miércoles al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) retirar temporalmente de las redes sociales oficiales unas publicaciones en las que el mandatario aparece junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos en operaciones militares.
La decisión la adoptó el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá como medida cautelar dentro de una acción de tutela (recurso de amparo) presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio, quien cuestionó la difusión de las imágenes por su posible afectación de derechos fundamentales, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
La orden se refiere a publicaciones realizadas el 2 y 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram, relacionadas con las operaciones militares Azarías, en el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, y Centinela de la Patria, en Riohacha, capital de La Guajira.
La medida podría no ser definitiva
En las imágenes del 2 de septiembre aparece De la Espriella caminando entre bolsas blancas que contienen al menos 23 cuerpos de personas abatidas durante operativos realizados en días anteriores por las Fuerzas Militares contra disidencias de las FARC.
Mientras que en las del 4 de septiembre sale el mandatario exhibiendo a la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS), en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.
El juez estableció que las publicaciones deben ser ocultadas mientras se estudia de fondo si su contenido se considera violento o explícito y si su difusión vulnera derechos fundamentales.
La Presidencia y el mandatario tienen dos días para ejercer su derecho a la defensa, por lo que la medida no supone una decisión definitiva sobre la tutela.
La petición de la Defensoría del Pueblo
El juzgado también vinculó al proceso a Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La decisión judicial se conoce días después de que la Defensoría del Pueblo cuestionara públicamente la exhibición de los cuerpos y su titular, Iris Marín, pidiera al Gobierno no entrar en una competencia con los grupos armados por demostrar quién puede ser más cruel.
«El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder«, dijo la defensora, Iris Marín.
Por: Agencia