La mañana de este viernes 4 de septiembre está citado el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez para que rinda indagatoria ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su presunto conocimiento en los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que el exmandatario se presentará en compañía de sus abogados en el búnker de la Fiscalía General, en el occidente de Bogotá, reseñó Semana.
En la diligencia se expondrá el hecho de que actualmente hay un conflicto de competencias en la Corte Constitucional para definir qué ente debe adelantar el caso.
Cabe recordar que el pasado 19 de agosto se elevó un reclamo ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que asumiera el caso, debido al fuero constitucional de Álvaro Uribe Vélez.
En este sentido, se señala que la Comisión es el ente encargado de investigar a los presidentes de Colombia.
Teniendo en cuenta que en uno de los apartados de la citación a indagatoria se menciona que los supuestos vínculos de Álvaro Uribe Vélez con los grupos que ejecutaron las masacres se extendieron hasta el 2003 —fecha en la que era presidente—, el caso debe ser asumido por la Comisión.
“Lo anterior sustentado en la hipótesis investigativa relacionada con la presunta participación de Álvaro Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como el Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido, supuestamente, el accionar de esta organización, fragmentándose que Álvaro Uribe ejerció como presidente desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”, señala el oficio firmado por el presidente de la Comisión, Carlos Cuenca Chaux.
La Fiscalía General no compartió esta posición y reclamó el conocimiento del expediente, asegurando que no existen motivos jurídicos para que pase a conocimiento de la célula política.
Por Agencia