El gremio docente del estado Zulia llevó este miércoles 3 de junio una asamblea para denunciar la situación que enfrentan jubilados del sector educativo, tanto del Ministerio de Educación como de la Gobernación del Zulia.
El presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Zulia (Suma Zulia), Gualberto Mas y Rubí,, encabezó la jornada de protesta donde se expusieron las carencias económicas que afectan a los profesionales retirados.
Mas y Rubí indicó que fue formalizado un pliego de peticiones ante las autoridades regionales, solicitando que que el gobernador del estado Luis Caldera actúe como enlace ante el gobierno central para atender sus demandas.
Señaló que los puntos principales del petitorio incluyen, primero, el pago del beneficio social conocido como cesta tique, el cual ya fue cancelado en otros sectores como el universitario, salud y gobernaciones, pero que permanece pendiente para los docentes jubilados del Zulia. Segundo, exigen la homologación del Bono de Responsabilidad Profesional para los jubilados, argumentando que, al ser profesionales de la educación pública, tienen el mismo derecho a percibir este incentivo que ya fue otorgado al personal activo.
» Por que el jubilado quién es?, un profesional de la educación pública, entonces nosotros estamos haciendo que homologuen ese bono para los jubilados de todo el país, pero en este caso en el estado Zulia consignándola al gobernador para que sirva de vocero a nivel central y se escuche este clamor y este petitorio que está haciendo el magisterio en el estado Zulia», dijo.
El conflicto planteado por el representante del gremio en el estado Zulia, es que a partir del 30 de abril, el Estado venezolano dejó de otorgar el complemento de 70 dólares a los jubilados, manteniendo únicamente el pago de la pensión base de 130 bolívares.
Denunció que esta medida es una violación a los derechos adquiridos, dado que durante su vida laboral realizaron las cotizaciones correspondientes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), lo cual, bajo la Constitución, les otorga el derecho a recibir una remuneración digna que cubra sus necesidades básicas.