El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este martes que su Gobierno no podrá aplicar la Ley de Claridad a la consulta que realizará en octubre de este año la provincia de Alberta, sobre un posible referéndum secesionista.
Carney afirmó que los expertos gubernamentales le han informado de que la Ley de Claridad, aprobada por el Gobierno federal tras el referéndum soberanista de Quebec de 1995 y que otorga al Parlamento canadiense la potestad de determinar la validez del resultado de una consulta secesionista, no puede ser aplicada en este caso.
El arquitecto de la ley, Stéphane Dion, ya había advertido que Ottawa no podría usar la legislación porque la consulta anunciada por Alberta no plantea directamente la secesión, sino el inicio de un proceso para celebrar un futuro referéndum vinculante.
Pero Carney también aseguró a preguntas de los diputados del separatista Bloque Quebequés (BQ) que un posible referéndum secesionista no podría ser ganado por los independentistas simplemente con el «50 % más uno».
«Bajo la Ley de Claridad, debe existir una expresión clara de voluntad por parte de una mayoría clara de los ciudadanos de la provincia para que exista un voto sincero sobre la secesión de Canadá», afirmó Carney.
«Hay que respetar la democracia, la legislación parlamentaria y las decisiones del Tribunal Supremo de Canadá. Bajo la Ley de Claridad, la Cámara de los Comunes debe considerar factores como el tamaño de la mayoría obtenida a favor de la secesión y el porcentaje de electores que participaron en el referéndum», añadió el jefe del Ejecutivo.
El pasado 21 de mayo, la jefa de Gobierno de Alberta, Danielle Smith, anunció que el 19 de octubre la provincia celebrará una consulta en la que se preguntará a los ciudadanos: «¿Debe Alberta seguir siendo una provincia de Canadá o debería el Gobierno de Alberta iniciar el proceso legal requerido por la Constitución canadiense para celebrar un referéndum provincial vinculante sobre si Alberta debería separarse de Canadá?».
Carney, que es originario de Alberta, advirtió el lunes que la decisión de Smith puede ser «un farol muy peligroso» y comparó el debate separatista con el Brexit y los referendos de Quebec.
En 1998, tres años después del último referéndum secesionista de Quebec, que concluyó con un 50,5 % de los votos en favor de la permanencia en Canadá, el Tribunal Supremo del país determinó que la provincia no podía separarse de forma unilateral.
Según el máximo tribunal canadiense, una victoria de los separatistas solo podría iniciar una negociación con el Gobierno federal y el resto de las provincias del país, para obtener su aprobación para escindir el país.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo, en el año 2000, el Gobierno canadiense aprobó la llamada Ley de Claridad, que determina que la pregunta en referendos independentistas tiene que ser clara y otorga a la Cámara de los Comunes la potestad de decidir si el resultado es suficiente para iniciar las negociaciones.
Por: EFE