El Estado venezolano ha ejecutado la maniobra de ilusionismo financiero más agresiva de nuestra historia, la muerte definitiva del salario. Bajo la máscara de un “ingreso mínimo integral” de 240 dólares, se esconde un mecanismo perverso que despoja al trabajador de su pasado, su presente y su futuro. Ya no hablamos de una crisis de poder adquisitivo, hablamos de una demolición programada de los derechos laborales para convertirnos en el país de la propina.
La noticia que hoy ocupa los titulares no es un aumento, es una sentencia. Al inyectar recursos a través de bonos que no tienen incidencia laboral, el patrono — sea el Estado o el privado — le mete la mano en el bolsillo al obrero para robarle sus prestaciones sociales. El trabajador venezolano hoy suda por un dinero que se esfuma en el consumo diario, mientras ve cómo sus años de servicio se convierten en cenizas cósmicas. Cada hora extra, cada año de antigüedad y cada esfuerzo acumulado se liquidan sobre la base de un sueldo de 130 bolívares que no sirve ni para pagar el transporte hacia el puesto de trabajo.
La voz de la calle es clara y contundente. El ciudadano entiende que la “bonificación” es pan para hoy y hambre perpetua para mañana. Las vacaciones, que antes representaban un descanso digno y un desahogo económico, hoy son una burla, se calculan sobre una base ficticia, dejando al empleado con un pago que no cubre ni un día de dieta familiar.
Los aguinaldos, ese patrimonio sagrado de la familia venezolana, han pasado de ser un derecho a ser una limosna devaluada.
Este modelo de supervivencia liquida la movilidad social. Sin prestaciones sociales que funcionen como un fondo de ahorro para la vejez o para la adquisición de bienes, el venezolano queda atrapado en la indigencia laboral. El mensaje del gobierno es claro y directo, “te doy para que comas hoy, pero no te permito construir un mañana”. Es la aplicación de una política que premia la lealtad por encima del mérito y la necesidad por encima del derecho.
Mientras se celebran acuerdos petroleros y se abren rutas aéreas hacia el norte, el corazón de la economía — que es su gente — late con arritmia. No existe recuperación económica real si el capital humano está siendo canibalizado por un sistema que niega el salario. Un país no se reconstruye con bonos discrecionales, se levanta con salarios dignos que permitan el ahorro, el consumo y la inversión.
La opinión pública no debe dejarse encandilar por el brillo de los 240 dólares. Ese monto es apenas un sedante para una herida que sigue sangrando. El verdadero debate nacional debe centrarse en el rescate del salario como institución. Sin incidencia en las prestaciones, el trabajador es un simple jornalero del siglo XXI, desprovisto de la red de seguridad social que tanto costó construir en el siglo XX.
Es hora de llamar las cosas por su nombre, la bonificación es el exterminio del derecho al trabajo. Defender el salario no es una postura política, es una necesidad de sobrevivencia. Si permitimos que el sueldo base siga siendo una cifra decorativa, habremos aceptado, por omisión, el entierro definitivo de la dignidad laboral para hundirnos, sin remedio, en la miseria de ser únicamente el país de la propina.
Por: Ángel Montiel / @angelmontielp / angelmontielp@gmail.com