Cuatro personas se sentarán en el banquillo de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo (noroeste de España), el viernes de la próxima semana acusadas de formar parte de una red que movía droga que llegaba a puertos españoles en contenedores procedentes de Sudamérica.
Según el escrito de acusación, no se pudo localizar al considerado cabecilla del grupo, un español que presuntamente coordinaba y dirigía la actividad desde la red social Telegram y que se encuentra en paradero desconocido.
El líder confirmó el 4 de marzo de 2023 a través de Telegram la carga de un contenedor con 1.300 kilos de cocaína que fue incautado en Colombia y que tenía como destino Vigo.
De los otros cuatro miembros de la banda, también españoles, uno tiene antecedentes penales por tráfico de drogas.
El fiscal sostiene que las indagaciones policiales que se desarrollaron entre julio de 2022 y abril de 2023 permitieron contrastar que los acusados, coordinados y dirigidos por la persona que está en paradero desconocido, integraban una actividad estructurada y sostenida para mantener modos estables de introducción de cargamentos de cocaína en España.
La droga procedía de América del Sur y entraba en la nación europea en contenedores de tránsito comercial a través, entre otros, del puerto de Vigo.
El método consistía en introducir en destino palés de bananas que sustituyesen a los cargados en origen con cocaína, sin conocimiento de la empresa remitente de las bananas y la empresa transportista.
En abril de 2023, lo intentaron de nuevo con un contenedor que procedía del puerto de Moín, en Costa Rica, con llegada prevista el 21 de abril a Algeciras, en el sur de España, y transbordo a otro barco con destino a Vigo.
Fueron intervenidos 651,6 kilogramos de cocaína (650 tabletas con un logo de herradura con un perfil de cabeza de caballo) con una pureza del 81,16 % y un valor en el mercado ilícito de más de 25 millones de euros.
A los cuatro que se sentarán en el banquillo se les acusa de sendos delitos contra la salud pública en relación con sustancias de las que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, cometidos por una organización criminal de narcotráfico, por lo que piden para ellos 12 años de prisión y el pago de una multa de 100 millones de euros.
Por: EFE