Un carro equipado con explosivos fue detonado en las cercanías del cantón militar Pichincha, del Ejército Nacional, en Cali (Valle del Cauca). Por ahora no se reportan muertos ni afectaciones graves a las instalaciones, pero las autoridades verifican si hay otros explosivos cerca.
El Ejército Nacional confirmó que equipos especializados en explosivos, con apoyo de drones, ya “adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector”, indica la nota de El Espectador.
Asimismo, en otro trino de X, el Ejército señaló que la acción sería atribuida preliminarmente al grupo armado Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordísco”. También rechazaron “de manera contundente el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados” contra las inmediaciones militares.
En su comunicado, el Ejército confirmó que, junto a la Policía Nacional, mantienen un dispositivo de seguridad, con el objetivo de ubicar a los responsables del ataque. Además, pidieron a la comunidad denunciar cualquier sospecha ante las autoridades.
“Este acto terrorista puso en riesgo a la población civil y ocasionó daños a la infraestructura de la unidad militar. Afortunadamente, no se registran personas heridas”, confirmaron las autoridades.
Por otro lado, el alcalde de Cali, Alejandro Eder Garcés, confirmó que la persona que dejó los explosivos en el bus huyó por detrás del centro psiquiátrico que queda al lado del cantón militar Pichincha. Además, ofreció una recompensa de COP 50 millones por información que permita la captura de los responsables del ataque contra la Tercera Brigada del Ejército.
El mandatario también anunció que está en curso un plan candado y que en horas de la tarde se llevará a cabo un consejo de seguridad en el que solo participarán las autoridades regionales. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, anunció otra recompensa de COP 50 millones para dar con los responsables del hecho.