Antonio De Lisio, secretario de la Asociación de Universidades Amazónicas de Venezuela e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes), señaló que el proyecto de reforma a la Ley de Minas que se debate en la Asamblea Nacional (AN) incurre en una contradicción al utilizar el término “minería ecológica”.
Durante una entrevista para el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, el experto declaró que no existen experiencias globales que avalen la posibilidad de una actividad minera que no vulnere las funciones de los ecosistemas, especialmente en biomas tan sensibles como la Amazonía venezolana.
Enfatizó que la minería, por su propia naturaleza, altera la cubierta vegetal y los medios de sustento ecológicos, por lo que el concepto promovido en la legislación carece de sustento técnico y ambiental.
De Lisio explicó que la normativa propuesta presenta debilidades críticas en cuanto a la protección de figuras territoriales y derechos fundamentales.
Alertó que, aunque el proyecto menciona el respeto a monumentos naturales y parques nacionales, no garantiza la preservación de otras áreas vitales como las reservas forestales, como el caso de Imataca, ni las reservas de biósfera.
Destacó la ausencia de un compromiso claro con el protocolo de consulta previa, libre e informada para los pueblos originarios, un derecho establecido tanto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que otorga a estas comunidades potestad sobre su territorialidad.
Flagelos sociales
Mientras que sectores como el hierro y el aluminio cuentan con una estructura sindical organizada, una planificación urbana en Ciudad Guayana y procesos industriales que aportan valor agregado, la explotación aurífera se caracteriza por generar sociedades desestructuradas.
De Lisio vinculó la minería del oro con flagelos sociales como el trabajo infantil, la prostitución y el empleo precario sin regulación, contrastándolo con el modelo de empresas básicas que, aunque tienen impacto ambiental, mantienen una coherencia en la organización del trabajo y los asentamientos humanos.
Cuentas patrimoniales
Cuestionó la capacidad de fiscalización del Estado si no se establecen primero cuentas patrimoniales que cuantifiquen el valor real de los recursos naturales afectados.
Sostuvo que Venezuela no puede ejercer una contraloría social o ecológica efectiva sin contabilizar cuántas hectáreas de bosques, sabanas y humedales se eliminan.
Argumentó que el costo ambiental y la pérdida de patrimonio natural podrían superar los beneficios económicos proyectados, como los mil millones de dólares en reservas de oro mencionados por fuentes internacionales, ya que la naturaleza es un patrimonio intergeneracional que el Estado está obligado a preservar según el mandato constitucional de 1999.
Según De Lisio, la preocupación por la actividad minera en el sur del país no debe ser ajena a quienes habitan en las ciudades del norte, debido a su impacto directo en el Sistema Eléctrico Nacional.
Advirtió que la minería está afectando las cuencas que alimentan la represa del Guri, lo que amenaza con reducir la vida útil de esta infraestructura diseñada para durar 300 años, dado que esta provee entre el 70 % y el 75 % de la energía del país, cualquier alteración en su cuenca de alimentación se traduce en fallas de suministro que afectan la cotidianidad del territorio nacional.
Propuso eliminar el término “minería ecológica” para hablar con veracidad técnica, privilegiar el relanzamiento de las industrias básicas bajo procesos actualizados y dotar al Estado de capacidad de monitoreo mediante la colaboración con las universidades.
Sugirió que, en lugar de profundizar en la extracción, Venezuela debería explorar el mercado de finanzas sostenibles, como los bonos de carbono y ecológicos, que permitan obtener beneficios económicos manteniendo los bosques y humedales en pie, garantizando el derecho a un ambiente sano y equilibrado para las generaciones futuras.
Por: Agencias / Foto: Cortesía