No tienen derecho a llamarlos ni a visitarlos, no tienen pruebas de que están vivos, ni siquiera una lista de nombres. Los abogados y activistas que defienden a los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados sin juicio en una gigantesca prisión de El Salvador chocan con un muro legal.
Emprendieron esta batalla de David frente a Goliat apenas vieron en marzo las imágenes de esos hombres rapados y encadenados, de rodillas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el presidente Nayib Bukele para pandilleros, de acuerdo con un trabajo publicado por la agencia de noticias AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump y su aliado Bukele, que gobierna El Salvador con poder casi absoluto, mantienen en reserva toda información de estos venezolanos a quienes acusan de integrar la banda criminal Tren de Aragua sin mostrar pruebas. Incluida su identidad.
Niegan la información
A 10 kilómetros de San Salvador, en Santa Tecla, en un antiguo colegio que alberga a la ONG Cristosal, el abogado René Valiente contó a AFP que ha golpeado las puertas de la dirección de centros penales, presidencia, ministerios y cortes de justicia.
«Hemos pedido información y ha sido denegada en repetidas ocasiones. De unos 70 habeas corpus presentados, ninguno se ha resuelto», dice Valiente, jefe de investigaciones de este grupo de derechos humanos que asiste psicológica y legalmente a familias de los deportados a distancia.
En su computador portátil muestra la plataforma en línea que creó Cristosal para recibir datos de familiares de deportados que vieron sus nombres en una lista extraoficial publicada por la prensa estadounidense o que los reconocieron en videos oficiales de su traslado del aeropuerto al Cecot.
Junto a Valiente, la abogada Ruth López, jefa anticorrupción de Cristosal, trabajaba para orientar legalmente a esas familias cuando fue detenida el 18 de mayo, acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía.
Días antes, López, fuerte crítica de la política de seguridad de Bukele y quien investigaba casos de presunta corrupción gubernamental, contó a la AFP cómo ayudaba a los familiares a documentar lo que llamó «desapariciones forzadas».
«Silencio total»
Su detención encendió las alarmas entre abogados críticos, activistas y oenegés, a quienes Bukele señala de militancia de izquierda y manipulación.
«Hablar, pedir algo que no esté alineado con el gobierno, implica arriesgarse a ser capturado», afirma Noah Bullock, director de Cristosal.
En una mesa de una cafetería alejada de oídos extraños, Salvador Ríos, abogado de un bufete contratado por el gobierno venezolano, muestra documentos y enumera los artículos de tratados internacionales y de la Constitución en los que basa la defensa de los deportados.
«Hemos pedido el acuerdo que hizo el señor Bukele con Trump, la lista de presos, saber de qué los acusan y entrar al Cecot. Tenemos derecho como defensores. Son detenciones ilegales y guardan silencio total. Nos han cerrado las puertas», lamenta.
De lo mismo se queja Walter Márquez, presidente de la oenegé venezolana Fundación Amparo, quien acompañó en silla de ruedas a parientes de los deportados que viajaron en junio a El Salvador, y que no están representados por el bufete de Ríos por ser críticos del presidente Nicolás Maduro.
Reina Cárdenas, uno de esos familiares, relató que para comprar los boletos de avión hicieron rifas, vendieron comida y recibieron donaciones. Pero volvieron a Venezuela sin verlos, y sin siquiera tener una «prueba de vida».
El vicepresidente Félix Ulloa afirma que su país presta un servicio de «alojamiento carcelario» por el cual Washington paga a El Salvador seis millones de dólares anuales. Pero no se sabe más.
La AFP pidió entrevistas con autoridades salvadoreñas, sin respuesta hasta ahora.
Por: Agencias / Foto: Cortesía